Tepic, Nayatit (OEM- Informex).- José Luis Tovar Rubalcava, presidente de Tuxpan Nayarit, quien tomó protesta desde septiembre del año pasado tras ganar las elecciones por Movimiento Ciudadano, desde hace meses ha sido señalado por actos de corrupción, ante ello la Fiscalía General del Estado anunció el pasado 8 de agosto que fue suspendido del cargo y este mismo día fue nombrado su suplente para ocupar la presidencia Aarón Ocegueda Briseño, mientras que la Secretaría de Seguridad del Estado tomó el mando de la vigilancia del municipio días antes, exactamente el 5 del mismo mes.
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Antecedentes
El regidor de dicho municipio, Cuauhtémoc Molina Ramos, fue quien interpuso quejas en la Contraloría del Ayuntamiento y en varias instancias contra el expresidente por nepotismo, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y usurpación de funciones, lo que ocasionó que como represalia el 20 de junio en una sesión del Cabildo al que no se le convocó fuera destituido de sus funciones y tomara protesta su suplente José López Ramírez. Sin embargo días después anunció que había sido restituido.
Delitos imputados
La Fiscalía General del Estado el 9 de agosto en un comunicado confirmó que están abiertas tres carpetas de investigación en las que no solo se involucra al ex edil, sino a funcionarios y familiares de este.
La instancia mencionada explicó que el contralor interno de dicho ayuntamiento instauró un proceso administrativo contra el exalcalde por tener familiares en realizar cobros indebidos a locatarios, retener dinero a servidores y usar a trabajadores para labores de índole personal, hechos de los cuales la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit (SESLAN) tuvo conocimiento y presentó denuncias ante la Fiscalía.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción el 3 de agosto de 2022 en contra de José Luis se advierte que su cuñado realizaba funciones preventivas, cobro de multas y operativos de seguridad, sin ostentar formalmente un cargo público.
Por otra parte se señaló que existió un cobro indebido a locatarios desde los 100 a los 500 pesos que generaban ingresos mensuales de 800 mil que no entraron a las arcas del ayuntamiento.
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También se mencionó que el presidente utilizó recursos públicos en su beneficio, facturó servicios de construcción para una presunta obra a su nombre y generó eventos privados a costa del erario público, de lo cual existen diversos testimonios, así que podrían configurarse los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y tráfico de influencias. En la segunda carpeta de investigación regidores incurrieron en revelar información a la esposa del alcalde.
