Por la omisión en un caso de violencia de género contra una mujer, ejercida por su ex pareja, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación emanada de la queja presentada por la víctima de violencia de género, en su tipo física y psicológica; y también de violencia institucional por parte del personal de la Fiscalía del Estado (FE) y de Seguridad Pública Municipal de Cihuatlán, quienes toleraron la violencia en su contra.
La CEDHJ acreditó omisiones en la integración de la carpeta de investigación, así como diversas acciones contrarias a la legalidad y a la debida diligencia reforzada, ya que la carpeta referida fue remitida, sin el consentimiento de la presunta víctima, al área de Métodos Alternos, lo que contraviene la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de Jalisco, además de negarle copias de las diligencias y obstaculizar el acceso efectivo de la justicia integral sin dilación en las indagatorias ministeriales.
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Con lo anterior, el organismo demostró que, con sus acciones y omisiones, los servidores públicos generaron un ambiente institucional hostil para la víctima y violaron sus derechos humanos a una vida libre de violencia, a la integridad física y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación y al trato digno.
Por lo anterior, la CEDHJ pidió al Ayuntamiento de Cihuatlán, se realice la reparación y atención integral del daño a favor de las víctimas, por lo que deberá otorgar todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes.
Lo anterior como un acto de reconocimiento, atención y debida preocupación por quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, cometidas por los y la servidora pública adscritos a la FE.
A la Fiscalía, que investigue los hechos y conforme a las garantías del debido proceso, inicie procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público involucrados, así como de la actuaria del Ministerio Público, adscritos a la Fiscalía Regional Costa Sur.
Como garantía de no repetición, que gire instrucciones a todos los agentes del Ministerio Público a efecto de realizar un cambio de práctica administrativa, para que, al momento de realizar las querellas y las clasificaciones jurídicas de los delitos, y las víctimas sean mujeres, pongan especial atención; lo anterior con el objetivo de visibilizar los actos que constituyan presuntos delitos de violencia familiar y se denomine como tal desde el inicio de las carpetas de investigación.
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