En nueve años, fueron intervenidas 20 comisarías municipales por el Gobierno del Estado, durante las gestiones de Jorge Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Enrique Alfaro Ramírez.
Las intervenciones fueron por posibles infiltraciones del crimen organizado al interior de las corporaciones. En los casos de Colotlán y Villa Guerrero, no se le retiró el control de la seguridad a los municipios, solamente se informó que habría vigilancia permanente de los tres niveles de Gobierno.
Durante la actual administración estatal, van cinco comisarías intervenidas.
Por si no lo sabías:
La primera fue Ixtlahuacán de los Membrillos, luego del homicidio de Giovanni López. Fue el 5 de junio cuando llegaron elementos estatales para asumir el control de la seguridad del municipio al ser detectadas irregularidades como personal laborando sin exámenes de control y confianza y hasta aviadores, además de abusos de autoridad. En ese caso, los uniformados fueron enviados a la Academia de Policía, para ser sometidos a exámenes y capacitación.
El 31 de julio de 2020 fueron intervenidas las comisarías de Jalostotitlán y Poncitlán, por lo que la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad del Estado tomó el control de la seguridad. Mientras se hacía una reevaluación de los elementos.
Mientras que el 1 de octubre del mismo año se realizó la misma acción en las Comisarías de Teocaltiche y San Juan de los Lagos, en esta última se instauró un mando mixto no encabezado por la Policía Estatal y la Guardia Nacional.
En el municipio de Puerto Vallarta, luego del asesinato del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el control de la seguridad fue cedido a la Secretaría de Marina, aunque nunca se manejó como una intervención de la corporación.
Fue durante la administración del entonces mandatario Jorge Aristóteles Sandoval, cuando iniciaron las intervenciones a las corporaciones de seguridad por presuntos nexos con grupos delictivos.
En diciembre de 2014, fueron intervenidas las primeras dos corporaciones, que fueron la de Cocula y Casimiro Castillo.
Al año siguiente se realizó el mismo proceso de depuración y capacitación, en las Comisarías de Villa Purificación, Pihuamo y Jilotlán de los Dolores, que cabe recordar que en ese municipio aún no se ha convocado a elecciones debido al ambiente de inseguridad en la zona.
Por otra parte, en 2016 fueron La Barca y Villa Corona, al existir un conflicto entre los entonces Presidente municipal y el Secretario General.
Por si no lo leíste:
En 2017 se sometieron al procedimiento las policías municipales de Teocaltiche y Tlajomulco de Zúñiga, que fue la primera institución policiaca del Área Metropolitana de Guadalajara. Ese mismo año se hizo lo propio en Ocotlán de Bolaños.
Posteriormente el siguiente año fue Tecalitlán tras la polémica desaparición de los tres ciudadanos italianos que presuntamente fueron entregados a grupos criminales. Una situación similar ocurrió en Autlán, en donde de la intervención fue parcial por la desaparición de cuatro comerciantes originarios de Veracruz e integrantes de la misma familia.
En muchos de los casos, las intervenciones han antecedido casos mediáticos de desaparición forzada.
Registros periodístico señalan que son alrededor de 100 elementos los que han estado involucrados con la delincuencia organizada, aunque no todos han sido vinculados a proceso por tal ilícito.
En 2022 fueron vinculados a proceso en febrero 4 policías de Tonalá; en marzo cinco de Tlaquepaque, y 4 de Huejúcar; en abril 4 policías de guadalajara y 3 de Tonalá, mientras que en agosto fueron 7 de La Barca.
Asimismo en 2021 fueron vinculados a proceso en abril de ese mismo año 8 policías de Acatic, entre ellos el comisario y el subdirector por la desaparición forzada de la familia Romo. Además fueron procesados 4 policías de Atotonilco por otro caso.
Por otra parte en 2020 se inició proceso penal contra dos policías de Autlán por desaparición de cuatro comerciantes originarios de Veracruz; también fueron presentados ante el juez cuatro policías de Teocaltiche y 6 de Tlaquepaque.
Sólo hay cinco sentencias por desaparición forzada
Hasta 2022, solamente se contabilizaban cinco sentencias por el delito de desaparición forzada en contra de igual número de policía municipales.
Las primeras fueron en abril de 2021 contra los policías Emilio "N" y Salomón Adrián "N", de la Comisaría de Tecalitlán, por su participación en la desaparición de los tres ciudadanos italianos, quienes fueron entregados a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, a ellos de dieron 50 años de cárcel.
El 23 de julio de 2022, fueron sentenciados los policías de Autlán de Navarro José Luis y María Lorena por la desaparición de 4 comerciantes de Veracruz la sentencia fue de 40 años de prisión.
Asimismo el 27 de julio de 2022 fue condenado el policía Aristeo, de Casimiro Castillo, quien pasará también 40 años en prisión por la desaparición de 11 personas.
Cabe señalar que el 6 de julio de 2022 cinco expolicías de Tlajomulco, recibieron sentencia de 50 años de cárcel por el delito de secuestro, ya que entregaron a dos hombres aún grupo delictivo luego de ser detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. En este caso el delito no se tipificó como desaparición forzada.
