En Guadalajara van dos meses de retraso en la entrega de patrullas y accesorios para la Comisaría de Seguridad Pública; 486 de 763 patrullas y 340 tenis arrendados sigue siendo el faltante.
La regidora de Morena en el Ayuntamiento tapatío, Mariana Fernández mantiene la postura de que hay un incumplimiento grave por parte de la empresa quien se le hizo un costo de servicio contratado por 792 millones de pesos.
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La regidora se pronunció por inhabilitar a dicha empresa y seguir con las multas.
"No solamente sanción a la empresa, seguirles cobrando las multas que ya se les cobro lo máximo que se le puede cobrar de multa que eran 67 millones de pesos sino es que se le cancelé el contrato y también la inhabilitación para que siga vendiendo a gobiernos esta empresa".
Reiteró que a esta empresa se le compró tres veces más caro las patrullas y los accesorios en seguridad.
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"Eligieron a la empresa más cara con la justificación de que sería la empresa más eficiente en la entrega ya que supuestamente contaba con el parque vehicular y accesorios adquiridos".
Mencionó que el contrato suscrito entre y la arrendadora data de diciembre de 2021, el costo del servicio es por 792 millones de pesos para adquier camionetas, motociclistas, autos, bicicletas, tenis y cascos.
Las unidades de seguridad se debieron haber entregado el 30 de marzo del año en curso.
La regidora también lamentó, que la Contraloría Ciudadana de Guadalajara esté por cerrar el caso cuando también hizo en su momento observaciones.
La regidora de Morena informó que acudirán a otras instancias del Estado para que la empresa sea sancionado por incumplir con las leyes en la materia.
Asimismo, lamentó que la Contraloría Ciudadana de Guadalajara esté cerrando el caso.
" Esperamos que no lo haya dado por concluido y si es así estaremos buscando más instancias como la Auditoría Superior del Estado que en su cuenta pública siempre revisa Guadalajara que sean con mucha lupa el presupuesto del 2021 en dónde se comprometieron con estas patrullas y también el Comité de Participación Social que según su propio dicho lo pusieron como un caso emblemático de corrupción a nivel de toda máquina y también que lo terminé de revisar, pero es una gran decepción que la contraloría cerrará este caso".
Indicó, que Contralaría debería procesar los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes y sancionar conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, resultando una posible inhabilitación de la empresa para vender al gobierno.