Durante el 2019 los partidos políticos con derecho a financiamiento público local se apretarán al máximo el cinturón, ya que con la reforma electoral se redujeron en un 60% los recursos disponibles y pasaron de los 330 millones que ejercieron en el 2017, a 99 millones para el próximo año, pero será hasta diciembre que se conocerá cuántos tendrán derecho a él y en qué porcentaje.
Según lo acordado por los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) las prerrogativas que tendrán los partidos en Jalisco son el resultado de multiplicar los más de seis millones de ciudadanos registrados hasta el 31 de julio de este año en el padrón electoral por el 20% de la Unidad de Medida y Actualización, cuando hasta este año era el 65% de la misma.
“La instrucción no la tenemos aún, sería hasta diciembre, así lo cita el Código en la materia, porque tenemos que esperar los resultados definitivos, una vez que pasaron por el proceso jurisdiccional, pero lo que sí refleja es que se disminuye en dos terceras partes de lo que gastaban los partidos”.
Esta fórmula no podrá ser impugnada por los partidos, aunque pueden ir para alegar “que la fórmula estuvo mal aplicada pero es constitucional y así lo declaró la corte, ahorita los partidos no sufren el efecto, lo que se aprobó fue una bolsa y cuando se tenga que hacer la distribución” será cuando se den los recursos y ahí verán seriamente disminuidos sus recursos.
Por otra parte con dos votos en contra y cinco a favor se aprobó el proyecto de presupuesto de egresos para el IEPC en el 2019 y en donde se solicitan poco más de 133 millones de pesos casi 30 millones menos que en el 2017 y en los que se incluyen las contrataciones eventuales que se realizarán el próximo año para diversas tareas del instituto.
Guillermo Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC, indicó que con esto se dan muestras de que continuarán con las medidas de austeridad pero no se adelgazaría más la estructura del instituto y es por eso que se requiere de personal eventual para atender diversas actividades como es el caso de la educación cívica, promover la participación social, entre otras.
Además, incluye el compromiso de no contratar seguro de gastos médicos mayores para el personal, no cubrir el pago de celulares para funcionarios, el uso racional de gasolina, así como regular el gasto para el material de oficina.
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