A dos años de desconocerse la ubicación de José de Jesús Covarrubias, acusado de abuso contra una menor, los diputados con 33 votos a favor rechazaron ratificarlo en su cargo por más de siete años contados a partir de esta fecha.
El dictamen discutido en la sesión extraordinaria, fue propuesta de los integrantes de la Comisión de Justicia en donde se pedía la no ratificación de quien fuera integrante del Supremo Tribunal de Justicia y quien desapareció luego de que se giró una orden de aprehensión por el probable delito de abuso sexual y corrupción de una menor.
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Sin ningún tipo de discusión ni a favor ni en contra de esta propuesta los legisladores dieron cuenta del trámite en menos de cinco minutos y los 33 presentes votaron a favor de la no ratificación en el cargo.
Una vez pasada la votación, la diputada de Hagamos, Mara Robles en el razonamiento de su voto, mencionó que era importante no olvidar las razones por las que se tomó esta decisión y sobre todo porque el pleno por consenso abrió un juicio de procedencia para desaforar al ex magistrado y que pudiera ser sometido a las leyes al no tener las protección del llamado fuero constitucional que impedía su aprehensión.
Dijo que ellos dieron la cara como legisladores sin juzgar y abrieron el paso para una investigación legal conforme a derecho y destacó que durante el proceso el magistrado Covarrubias no se presentó para defenderse ni ante ellos ni ante las autoridades judiciales y lamentó que el implicado se haya fugado, lo que provocó que el caso no avance hasta que se le localice.
Está decisión será dada a conocer de forma oficial a los integrantes del Poder Judicial para que determinen los procedimientos necesarios e iniciar el proceso de sustitución oficial.
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Además hasta la fecha se sabe que ninguno de los cheques quincenales que se le emitían como docente de la Universidad de Guadalajara han sido reclamados por nadie desde hace dos años que desapareció de forma voluntaria el implicado en esta denuncia.
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En su momento el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva declaró que esta decisión de retener pagos electrónicos y emitir cheques era para que el funcionario acudiera en persona para reclamarlos y en ese momento aplicar la ley conforme a derecho y proceder a su aprehensión si es que había alguna orden emitida.
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