Las 32 Comisiones Estatales de Derechos Humanos entre las que se encuentra Jalisco (CEDH) y que conforman la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), emitieron un pronunciamiento de rechazo de cualquier forma de criminalización hacia la legítima reacción social que visibiliza las condiciones de violencia extrema que viven día a día las niñas y mujeres en todo el país.
Sólo mediante la reparación integral del daño "podremos transitar a escenarios de paz social y de erradicación de la violencia de género hacia niñas y mujeres".
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Destacan que la violencia de género contra las mujeres es un problema estructural en México. Sus expresiones son múltiples e impactan de manera diferenciada a cada una en función de sus condiciones personales y colectivas.
Esta Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) reconoce su legítimo reclamo de justicia para erradicarla.
Consideran que es necesario consolidar la perspectiva de género en la formación de las personas servidoras públicas, de modo que su actuar garantice una interacción apegada al enfoque de derechos humanos.
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Exhortan a las autoridades a dar cumplimiento a las recomendaciones y, de esta manera, avanzar de manera acelerada hacia la eliminación de las prácticas institucionales que permiten que la violencia de género continúe y se arraigue en nuestra sociedad.
La Federación reitera la importancia de hacer uso del marco jurídico existente para la garantía del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, así como a optar por procesos de diálogo y concertación con las víctimas, a fin de atender su reclamo, brindarles soluciones concretas para restablecer su esfera de derechos, así como transformar de manera acelerada las estructuras institucionales que perpetúan la violencia de género contra las mujeres en el país.
El Sistema No Jurisdiccional de Protección de Derechos Humanos ha identificado patrones de violencia institucional a partir de la orientación, atención e investigación de los casos de violencia contra las mujeres por razón de género que recibe día con día.
Los organismos públicos de protección de derechos humanos que lo integran han dirigido instrumentos recomendatorios a las diversas autoridades por la violación a los derechos humanos de las mujeres, en particular, a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.
En apego al mandato constitucional que le rige, el Sistema también ha contribuido con la promoción de los derechos humanos por medio de estrategias de formación y sensibilización del funcionariado público para prevenir y revertir la violencia contra las mujeres en razón de género.
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