/ lunes 8 de abril de 2019

Proponen castigar con cárcel a quien hurte o compre objetos de propiedad pública

Con esta iniciativa se busca elevar la sanción de seis meses a siete años a quien merque con infraestructura pública y monumentos

Castigar a quien compre cobre robado, monumentos, tapas de alcantarilla, propuso la diputada del PVEM, Rosa Angélica Fregoso Franco. Es una reforma al Código Penal del estado que incluye sancionar a quien cometa delitos como ataques a las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal o municipal, actualmente sancionado con mínimo seis meses y máximo seis años de cárcel, se elevaría de seis meses a siete años.

La iniciativa plantea que será considerado robo la compra, enajenación, tráfico y posesión de bienes de propiedad pública, sin consentimiento de quien legalmente puede autorizar o disponer de él; el robo se castiga de seis meses a 10 años de prisión y multa de hasta 200 días de salario mínimo, 20 mil 520 pesos, dependiendo el valor de lo hurtado.

Propone establecer, por dañar, destruir o alterar bienes de propiedad pública, sanción de hasta 300 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa máxima de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), 42 mil 200 pesos; el mismo castigo aplicaría por dañar infraestructura privada de uso público.


"Por apoderarse de bienes o áreas comunes, jardines, áreas verdes y servidumbres, se propone castigo de uno a cinco años de cárcel, y multa de hasta 500 UMA, 42 mil 200 pesos", añadió.

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Con esta reforma que presentó, de aprobarse por el Pleno del Congreso del Estado el comprar cobre robado de instalaciones públicas podría convertirse en un delito.

Busca la diputada del PVEM reformar el Código Penal del estado, tipificando como robo la compra de objetos de propiedad pública.

Castigar a quien compre cobre robado, monumentos, tapas de alcantarilla, propuso la diputada del PVEM, Rosa Angélica Fregoso Franco. Es una reforma al Código Penal del estado que incluye sancionar a quien cometa delitos como ataques a las vías de comunicación o medios de transporte de uso público de jurisdicción estatal o municipal, actualmente sancionado con mínimo seis meses y máximo seis años de cárcel, se elevaría de seis meses a siete años.

La iniciativa plantea que será considerado robo la compra, enajenación, tráfico y posesión de bienes de propiedad pública, sin consentimiento de quien legalmente puede autorizar o disponer de él; el robo se castiga de seis meses a 10 años de prisión y multa de hasta 200 días de salario mínimo, 20 mil 520 pesos, dependiendo el valor de lo hurtado.

Propone establecer, por dañar, destruir o alterar bienes de propiedad pública, sanción de hasta 300 jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa máxima de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), 42 mil 200 pesos; el mismo castigo aplicaría por dañar infraestructura privada de uso público.


"Por apoderarse de bienes o áreas comunes, jardines, áreas verdes y servidumbres, se propone castigo de uno a cinco años de cárcel, y multa de hasta 500 UMA, 42 mil 200 pesos", añadió.

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