El Gobierno del Estado presentó ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) la denuncia con siete anexos, sobre mil 573 hectáreas que eran de uso forestal y que ilegalmente fueron taladas para sembrar berries y aguacates en la región sur del estado.
El secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, acudió acompañado de los titulares de Sader y Semadet, Alberto Esquer y Sergio Graf, respectivamente, para que las autoridades federales investiguen y sancionen como corresponde, ya que esta tala y cambio de uso de suelo ilegal han provocado daños materiales cuantiosos, incluyendo la vida de cinco personas.
“Luego de los acontecimientos del 02 de junio en San Gabriel y sus estragos con cinco defunciones y una persona desaparecida y daños materiales, se hizo la indagatoria y ubicamos con todos los datos y elementos técnicos que se debió a que mil 573 hectáreas que eran de uso forestal habían sido indebidamente taladas y objeto de sembradíos en lugares evidentemente prohibidos, por eso la presentación de denuncia ante Profepa y Semarnat para que se hagan todas las investigaciones correspondientes”, explicó Ibarra.
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En los anexos de la denuncia se describe y georeferencia dónde están los sembradíos en 14 municipios del estado: Amacueca, Atoyac, Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Quitupan, San Gabriel, Sayula, Tamazula de Gordiano, Tonila, Tuxpan, Zapotitlán de Badillo y Zapotlán el Grande.
No se quiere satanizar la plantación de aguacate y berries, pero aclararon que no se debe hacer cambio de suelo forestal a agrícola o ganadero. Es importante la reconversión, pero no la invasión de suelos, puntualizó el secretario de agricultura, Alberto Esquer.
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Este será el primer paso para que la Profepa determine las sanciones y entonces se pueda elevar al ámbito penal por los daños y vidas que han cobrado estas talas ilegales.
Aunque tienen detectadas las hectáreas y seguramente a los productores o empresas de esas tierras, los funcionarios no quisieron anticipar juicios ni dar nombres ya que será competencia de la autoridad federal dictaminar sobre las responsabilidades.
