Durante los primeros cuatro años de la presente administración estatal, apenas el 1.6 por ciento de servidores públicos pertenecientes a la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y otras corporaciones de seguridad pública municipales de la entidad que han sido judicializados, recibieron una sentencia condenatoria.
Datos obtenidos por transparencia señalan que de 2019 al 2022 un total de 364 elementos de las diferentes corporaciones de seguridad pública municipales y estatales fueron enviados ante un juez por diversos delitos, abuso de autoridad, evasión de presos, lesiones, suplantación de identidad, peculado, extorsión y homicidio, entre otros.
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En los últimos dos años se registró un incremento considerable de carpetas de investigación en contra de elementos policiales que fueron remitidos ante un juez, en comparación a los dos primeros del actual gobierno estatal. Las cifras señalan que tan solo en el 2019 y 2012 se judicializaron 30 y 42 carpetas de investigación, respectivamente; mientras que en 2021 y 2022 fueron 157 y 135.
"Había muchas carpetas de investigación en Fiscalía que habían estado paradas, pero hubo una orden especial de parte del Fiscal Estatal con la finalidad de todos aquellos funcionarios que tuvieran relación con la comisión de algún delito, para dar una buena imagen, se llevarán a cabo las judicializaciones que fueran pertinentes, ese es el motivo principal", señaló Anuar García, presidente de SOS Jalisco en entrevista con EL OCCIDENTAL.
Sin embargo, no todos los casos fueron vinculados a proceso penal. Las principales causas, de acuerdo a Anuar García, son investigaciones deficientes de la Fiscalía y diferencias de criterio entre los jueces.
“Las cifras que tenemos nosotros rondan en ser menores al 30% de lo que se judicializa a lo que se vincula a proceso. Es complicado llegar a una etapa de sentencia. Por eso hay tantas judicializaciones y pocas vinculaciones y muchas menos sentencias en cuanto a servidores públicos por la deficiente investigación del Ministerio Público y por la diversidad de criterios de parte de los jueces, y en muchas ocasiones sigue operando la mano negra”, apuntó Anuar García.
Las cifras entregadas por la Fiscalía señalan que en estos cuatro años solamente seis elementos policiales fueron sentenciados. Uno por homicidio y cinco más por desaparición forzada de personas, lo que representa un porcentaje mínimo de sentencias respecto a las carpetas de investigación judicializadas.
En 2019 fue una carpeta de investigación por homicidio calificado; en 2020 no se registraron; en 2021 fueron 3 por desaparición forzada de personas; en 2022 fueron 2 por desaparición forzada de personas, lo que arrojó un total de 6 personas en los últimos 4 años. Sin embargo, el director de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía del Estado, Jaime Navarro, señaló, sin precisar cifras, que son pocas las sentencias condenatorias en contra de servidores público relacionados con la seguridad pública.
Esto debido a que la mayoría de los casos se resuelven por otras vías como suspensión condicional, un procedimiento abreviado o un acuerdo reparatorio en favor de la víctima. Recalcó que el objetivo, antes que una sentencia condenatoria, es reparar el daño a la parte afectada, lo que llega a ser tardado en un juicio oral. “¿Esto qué quiere decir?, Que no propiamente llegan a un juicio. ¿Esto qué quiere decir?, cuestionó.
"Que nosotros le apostamos a los procedimientos abreviados, a los acuerdos reparatorios porque así es el sistema. De nada nos sirve a nosotros irnos a un juicio porque uno, casi en todos, es un volado, podemos perder o ganar. Dos: ante ello tenemos una inminente apelación ya sea por parte de la parte sentenciada o de nosotros que no estemos conformes con la sentencia", indicó el funcionario estatal.
Aclaró Jaime Navarro que en el caso de los procedimientos abreviados ahí termina el proceso penal y se le hace la reparación del daño a la persona afectada, y con ello se evita que el asunto se vaya a una segunda instancia que se puede alargar por tiempo indefinido.
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