La pandemia por Covid-19 evidenció la carencia en el uso de las Tecnologías de la Información en el Poder Judicial sin que a la fecha haya un avance sustentable en la digitalización del expediente y de la firma electrónica.
A pesar de la legislación en materia Penal y Civil para estos fines es lento el proceso, mientras que en materia Familiar y Mercantil apenas se tiene un mes trabajando en dichos ajustes.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, reconoció que el Poder Judicial está "mal parado" en cuestiones de tecnología y a un mes de su llegada, dijo que se ha enfocado en agilizar la digitalización.
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"El avance que tenemos el día de hoy es expedientes digitales para la materia familiar es un tema muy sensible, estamos hablando de demandas de alimentos, de convivencias, de custodias, de restitución de niñas, niños y adolescentes, y en mercantil: el tema de dinero detiene los flujos económicos".
Para acelerar los procesos de activación del Supremo Tribunal, Espinosa Licón, mencionó que se trabaja en varias rutas de actuación como es a través de video conferencias, firma electrónica y en un software, cuyo costos es de 27 millones de pesos, acciones que están desde años atrás.
De estas medidas, dijo ha encontrado "candados normativos" en la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Jalisco y sus Municipios (publicada el 26 de diciembre del 2013) por lo que pide modificaciones.
"Tenemos candados, encontramos un candados en la Ley, la ley dice para procesos administrativas no para procesos juridiccionales" por ello, ya pidió al Legislativo realizar modificaciones.
"En la normativa nos encontramos piedras, estoy quitando las piedras" apuntó.
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