Miembros de la familia González Uyeda, propietaria de Lechera Guadalajara, conocida como Sello Rojo, tomaron posesión de las instalaciones de la compañía y anunciaron que convocarán a una asamblea para elegir el consejo de administración.
El problema legal lleva más de un año entre los hermanos González Uyeda, quienes acusan a Hilda Hiroko, Abraham Kunio y a Rubén Masayi, éste último coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), de haberse apoderado de la empresa familiar sin cumplir con la ley y en contubernio con jueces y líderes sindicales.
Los hermanos que reclaman ser mayoría y piden se les tome en cuenta dentro del consejo de administración son Aída Araceli Tomie, Roberto Eiji, Alfredo Shigueru y Sergio Akira, quien explicó que la diligencia es una muestra de justicia tras la desafortunada experiencia que vivieron.
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“Teníamos más de un año y seis meses secuestrados de un legado de la gran familia Sello Rojo y también del legado de nuestro padre y se nos secuestró en todo sentido de nuestra participación dentro de la empresa”.
Invitó a sus hermanos Hilda Hiroko, Abraham Kunio y a Rubén Masayi a dejar de lado sus intereses y la simulación para mantener control de la empresa que les heredaron y se refirió a sus colaboradores, quienes acudieron con incertidumbre a laborar este viernes, porque el 29 de junio de 2019, cuando sus hermanos “secuestraron la empresa” se despidieron más de 150 personas y les pidió trabajar con tranquilidad, pese a que hay posibilidades de un estallamiento de huelga e incluso especulaciones de vender la empresa.
“La postura siempre ha sido resolver y no ha habido por parte de nuestro hermanos Abraham, Masayi y Hiroko un acercamiento genuino, verdadero. Siempre ha sido con las mismas medidas, el tratar la permanencia, solamente simulando, como los mismos actos judiciales que hicieron”.
El representante legal de los hermanos González Uyeda agregó que pueden existir cargos, al considerar que hay datos de prueba que acreditan un hecho con apariencia de delito, como un fraude procesal. “A nuestra contraparte no le interesa resolver los asuntos de fondo, ellos tienen unas medidas cautelares y esas medidas cautelares duran lo que dura el juicio, el problema es que no quieren que se resuelva el juicio, lo que ellos quieren es mantener la vigencia de estas medidas irregulares para de alguna manera perpetuarse en la administración”, dijo el abogado, Juan Carlos Soto.
En Sello Rojo laboran alrededor de 4 mil 500 personas que este viernes acudieron a trabajar de manera regular, pero en medio de un ambiente de incertidumbre y con elementos de seguridad privada resguardando las instalaciones y bloqueando parcialmente los alrededores.
