El 30 de junio próximo es la fecha límite para aprobar las reformas al Código Electoral del Estado, a fin de que puedan aplicarse en los comicios del 2021, por lo que el PRD Jalisco pide que las elecciones estén libres de violencia política por cuestión de género.
Además, propone que se establezca como causal de nulidad de la elección el que se cometa violencia política contra las mujeres en razón de género.
Por si no lo leíste:
La presidenta del PRD Jalisco, Natalia Juárez Miranda y la Secretaria de Igualdad de Género, Gabriela Juárez Piña plantean que la entidad vaya más adelante en la armonización con la Legislación federal.
Juárez Miranda, admite que es controversial para diputados y diputadas locales con quienes ha hablado sobre los derechos políticos de los hombres, ya que al dejarlos fuera de la contienda política por ser deudor alimentario o haber cometido violencia fueron sentenciados, pagaron sus penas y deben ser resguardados sus derechos políticos, "hay controversia en ello".
Para el PRD la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género debe contener:
- La conceptualización de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, acorde con la reforma nacional implica que la protección se extienda a todas las mujeres que participan en el espacio público.
- Sanciones ejemplares cometidas por partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos y ciudadanos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
- Agravantes en las sanciones administrativas cuando se comentan contra mujeres indígenas o en cualquier condición de vulnerabilidad, la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o con la cancelación si ya estuviere registrado.
- Causal de Nulidad de la elección para quien cometa violencia política contra las mujeres en razón de género.
Por su parte, Juárez Piña propone que se otorguen facultades al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para iniciar procedimientos sancionadores en contra de quienes cometan actos u omisiones constitutivas de violencia política en contra de las mujeres, así como para que en conjunto con el tribunal puedan solicitar órdenes de protección y medidas cautelares correspondientes, incluida la dotación de escoltas.
De la misma manera, que se sancione a los servidores públicos del estado y municipios por incurrir en actos por violencia política contra las mujeres en razón de género.
Se establezca como requisito de elegibilidad para ser gobernador, diputado y presidente municipal: No estar condenado por violencia política contra las mujeres, y no ser deudor alimentario, añadieron y se fomente la inclusión de la participación política de las mujeres indígena en términos de paridad de género, agregando además que en los municipios con población mayoritariamente indígena, que al menos el 50% de las candidaturas sea para personas de los pueblos y comunidades indígenas.
Son necesarias, indicaron las legisladoras, medidas de reparación integral tales como la indemnización a la víctima, la restitución en el cargo en caso de que hubiera sido obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición.
La creación de una base estadística de delitos y casos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, con la finalidad de realizar estudios diagnósticos para fortalecer la prevención y atención de los casos.
En caso de violencia política por cuestión de género debe haber acompañamiento de los partidos políticos, ya que el recortar los tiempos de campaña resultará perjudicial para candidatas que sufrieron violencia y deben llevar el proceso de denuncia y además lo electoral.
Lo que se quiere es una reforma integral, firme, progresiva y, sobre todo, sea libre de toda violencia política contra las mujeres.
