La regidora de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara, Candelaria Ochoa, llamó a autoridades municipales a atender protocolos en materia de derechos humanos a fin de evitar más violencia en contra de las mujeres; aseguró que en la administración falta voluntad para hacer frente a este problema.
En rueda de prensa semanal la regidora de oposición hizo un recuento de las iniciativas que han presentado y se han aprobado, y cómo es que no se han aplicado a cabalidad, a pesar de que en la administración tapatía se han presentado varios casos de hostigamiento y acoso laboral o sexual.
"Hoy hacemos un llamado. Esta administración municipal tendría la obligación de atender los protocolos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, pero falta voluntad política para hacerlo. Tiene miedo de que las mujeres realmente accedamos a una vida libre de violencia".
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Recordó que en noviembre del 2021 entregó al alcalde tapatío, Pablo Lemus, una propuesta de acuerdo por la vida y seguridad de las mujeres con 11 puntos a atender, misma que solo se tradujo en una sola acción. Además, refirió que hay poca disposición para revisar los planes de acción con perspectiva de género, por mencionar solo algunos aspectos.
"Hasta el día de hoy he atendido diez casos de mujeres que viven violencia y que han solicitado mi acompañamiento, incluido el de la trabajadora de Servicios Públicos Municipales y cuyo caso no concluye".
Para entender la importancia de actuar en el ayuntamiento, añadió que la Contraloría tiene 15 investigaciones administrativas, de las cuales una está concluida y archivada por falta de elementos.
De la misma manera, 11 están en etapa de integración, de acuerdo a una solicitud de transparencia hecha para conocer la situación de acoso y hostigamiento y en gobierno municipal.
También, dijo, porque el Instituto de las Mujeres de Guadalajara tuvo conocimiento de 4 casos de acoso laboral y 13 de acoso sexual laboral -de octubre del 2021 a diciembre del 2022-, y no se han realizado procesos de responsabilidad administrativa o laboral por el retraso u obstaculización de algún procedimiento.
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