Con una simulación y vacíos legales es como viven miembros de la comunidad LGTBQ+ en Jalisco, donde hay muchos pendientes por cumplir, afirmó Fascinación Jiménez, integrante de Unión diversa y promotora de los derechos de la comunidad desde hace más de dos décadas.
“Tenemos muchas legislaciones pero poca voluntad política, por ejemplo desde el 2017 tenemos la Ley contra la discriminación y no llegamos ni a la mitad de los municipios que cuentan ya con reglamento de esta ley, desde el 2017 no han podido hacer su trabajo y si te discriminan en un municipio donde no tienen reglamento no hay forma de hacer valer derechos”.
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A esto se suma que en Jalisco no se reconoce a hijas e hijos de las familias de la comunidad, por lo que recurren a amparos y recursos que además de desgastante son costosos y largos, así como discriminatorios.
“Todos los días nos enfrentamos a este tipo de violencias. Hemos capacitado a diferentes instancias y en la práctica nos siguen llegando casos en donde se padece discriminación y lo único que nos queda cuando se trata de servidores públicos es la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no es vinculante”.
Señalaron también que es necesaria la creación de un consejo estatal para prevenir, eliminar y erradicar la discriminación, mismo que cuente con facultades de acciones reales.
Otra exigencia en este mes de la diversidad es a que existan en Jalisco políticas públicas en materia de salud para atender a la población de la diversidad sexual y que se tipifiquen los crímenes de odio y los discursos de odio.
Por ese motivo, agregó que es necesario tener protocolos para la identificación, búsqueda e investigación en casos de personas desaparecidas y ver si sus desapariciones fueron motivadas por homo, lesbo, tras o bi fobia.
“Se avanzó en el matrimonio pero hay municipios donde no hay formato, se avanzó en la identidad de género pero hay registros civiles que les mandan a la cabecera y en el reconocimiento de hijos llevamos 26 reconocimientos de parejas lesbomaternales y el registro civil apenas hace 15 días nos dio una respuesta de que van a respetar los derechos humanos en Guadalajara, siempre y cuando el padre donante haga un contrato, es decir, todavía estamos en vacíos legales”, agregó Juan Carlos Becerra.
