México ha fallado de forma sistemática en prevenir la violencia en contra de las mujeres al no reconocer que es parte de una crisis que debe ser prioridad en la política pública mexicana, advierte Amnistía Internacional.
Pese a la suficiencia de leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y a las políticas públicas tanto en el ámbito federal y estatal, hay una brecha entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para consolidarlas y frenar este fenómeno, sostuvo la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi.
“El Estado Mexicano ha fallado sistemáticamente en su obligación de prevenir las violencias en contra de las mujeres. Amnistía Internacional México ve con preocupación la violencia sistemática que se vive en el país”.
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En cuanto a los programas por una vida sin violencia, señaló en entrevista con EL OCCIDENTAL que se carece de mecanismos de indicadores y de evaluación para determinar el éxito de esas políticas públicas por lo que no se logra tener éxito en las mismas.
“Ha habido un primer incumpliendo en la medición del éxito de las políticas públicas; lo segundo es que no se ha apostado por un cambio generacional que permita los cambios, los roles y estereotipos de género esto es un cambio a 20 años, no se ha apostado por las políticas de prevención en diferentes espacios en el ámbito educativo, programas sociales, se sigue viendo a las mujeres como sujetas de asistencia en lugar de verlas como sujetas de derechos”.
Para la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México la preocupación se centra en que “No se reconoce que la violencia contra las mujeres es parte de una crisis y tendría que ser parte de una prioridad en la política pública de las entidades federativas y de la federación”.
En cuanto a los feminicidios, lamentó que, la conversación actual se centre en solo en el sistema penal en aumentar o no las penas por ese delito “Estamos haciendo las apuestas en un sistema penal que no funciona bien”, cuando la violencia contras las mujeres, dijo debe analizarse de forma integral.
“Podrán seguirse aumentando las penas, pero probablemente el resultado siga siendo el mismo porque no se investiga adecuadamente; dos, hay una enorme tasa de impunidad que está relacionada con la actuación de la procuración de justicia y tres, no es un problema que solo atañe al sistema penal, sino que es un problema que tienen una integralidad en su comprensión”.
Por otro lado, expuso que en México a pesar del andamiaje de leyes en la materia hay una brecha entre lo que el legislativo (hace), el ejecutivo (ejecuta) y el judicial (resuelve): “En México ocurre un grave problema: un marco jurídico muy extenso y a veces muy robusto, pero en cambio, una brecha en su implementación muy importante, y creó que las violencias contra las mujeres”
En el sistema de impartición de justicia, anotó, de cada 100 delitos que se reportan hay una tasa de impunidad de casi 99 por ciento.
“Hay muy pocas sentencias condenatorias para las violencias contra las mujeres respecto a las denuncias que entran a los Ministerios Público por violencia, cuántas denuncias entran o cuantas salen o cuantas entrena por malos tratos a las mujeres y cuantas sentencias salen, hay una brecha muy grande”, subrayó.
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Agregó: “Hay que revisar si no se integran bien las averiguaciones previas y no hay elementos probatorios suficientes para que los jueces puedan resolver, porque a veces los jueces resuelven sin considerar la perspectiva de género y los problemas integrales altos que se enfrentan las mujeres que son víctimas de las violencias”.
En el ámbito de procuración de justicia, mencionó que no solo se debe de analizar el sistema penal, sino que también los juicios de alimentos, de patria potestad, y todos aquellos espacios en donde las mujeres pueden ser sujetas de otro tipo de violencia.
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