En apoyo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en contra del llamado “Plan B” para reformar leyes electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador, alrededor de 20 asociaciones civiles encabezadas por un exgobernador, un fiscal y exdiputados pidieron al titular del Ejecutivo Estatal, Enrique Alfaro Ramírez, que se sume a la marcha del próximo domingo.
Salvador Cosío Gaona, excandidato a gobernador y diputado local, manifestó que la marcha es para apoyar lo presentado por los partidos políticos.
De la misma manera, para apoyar y decirle a la SCJN que cumpla con su deber, con su obligación, que sean patriotas, revisen a fondo, resuelvan conforme a derecho y como lo que está aprobado es violatorio a la Constitución al generar un caos al sistema jurídico y democrático de México, que lo rechacen y lo anulen.
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Destacó que los partidos políticos ya hicieron su trabajo de presentar las acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, ya que esas leyes buscan estar por encima de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, superaron amenazas, intentos de extorsión, compra de votos y hasta de posibles miedos con militares en las inmediaciones de los recintos legislativos.
Cosío Gaona expresó que, en esta reforma a leyes electorales, sólo resta por aprobar la cláusula llamada “de vida eterna, en donde los partidos de una coalición pueden ceder votos a los que menos obtienen para así conservar sus registros, deja en estado de indefensión el derecho del voto, se camina a una dictadura y desaparecer la estructura electoral que ha dejado procesos limpios y con alternancia de partidos".
“Estamos prácticamente en el umbral de una dictadura y si es capaz de pasar esta prueba, el destino es muy sencillo, puede modificar lo que le venga en gana y seguirnos flagelando como nación, por eso la marcha es para eso para decirle a los ministros y ministras que tienen un compromiso con México, sus familias, con ellos mismos y que no se atrevan a fallar, que no acepten sobornos, amenazas, amagos ni asedios”, que México vaya por encima de todo y rechacen las reformas.
Mientras que el exgobernador, Emilio González Márquez, consideró que el pretender debilitar al Instituto Nacional Electoral busca que “el gobierno vuelva a organizar las elecciones, creíamos que la tentación Bartlett había desaparecido de nuestros país, pero no es así, 35 años después del gran fraude que le quitó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, regresan los mismos personajes con la misma intención, que el gobierno organice las elecciones”.
Si eso sucede se podrá repetir lo que sucede en otras partes del mundo como es el caso Venezuela, Cuba y Nicaragua, en donde “tienen en común que sus gobiernos organizan las elecciones y no sólo eso tienen en común el empobrecimiento de un pueblo que no lo era tanto cuando había elecciones que permitían corregir el rumbo, la democracia dirán algunos no se come, pero sin democracia no hay comida”.
En el caso del exfiscal, Eduardo Almaguer Ramírez, explicó que la persona que hizo esta iniciativa la sustentó en un elaborado estudio de cómo poder violar la ley, pero lo que esperan es que se termine de aprobar en la Cámara de Senadores para después ir a las instancias del Poder Judicial y evitar el desmantelamiento de las instituciones que regulan los procesos electorales.
Es no permitir que se reduzcan en 84.6% la estructura al despedir trabajadores que le dan certeza al padrón electoral, que fiscalizan los gastos de campañas, con el desarrollo de la logística, capacitadores, quienes dan seguimiento, recolección de entrega de paquetes electorales y que no se tenga una acta única de resultados.
“Quien elaboró esta reforma hizo un estudio minucioso de qué es lo que había quitar para tener una mayor libertad desde el ejercicio de gobierno y desde los partidos políticos, en este caso quienes tienen mayoría para poder burlar la ley”, así como evitar la fiscalización del origen de los recursos de las campañas y que no se desvíe dinero público.
En este contexto, señalaron que a pesar de las diferencias políticas o del puesto que tengan, ya sea en la iniciativa privada o en el sector público, todos los presidentes municipales, diputados, senadores y gobernadores deberían sumarse a la marcha en su calidad de ciudadanos y que también serán afectados con los cambios.
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¿Qué se pierde con el Plan “B”?
- No habrá suficientes credenciales para los jóvenes que se incorporan al padrón electoral
- No habrá un padrón confiable
- No estarán seguros los datos biométricos, ni personales de los mexicanos
- Desaparece la capacitación de funcionarios de mesas de casilla
- Se impide dar seguimiento a los paquetes electorales
- El PREP no se tendrá unas horas después, sino hasta un par de días
- Se pierde la lucha de las mujeres por la equidad de género
- Se reducen los espacios para los llamados grupos vulnerables
- Altas posibilidades de anulación de la elección del 2024.
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