La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación a las autoridades de los 125 municipios del estado, por el incumplimiento integral de sus deberes y obligaciones en la elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad, así como por la carencia de acciones afirmativas tendentes a prevenir, disminuir y erradicar las brechas de accesibilidad, desigualdad y discriminación en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de la entidad.
Entre las Recomendaciones e Informes especiales emitidos destacan: el Diagnóstico e Informe Especial sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en Jalisco emitido en junio de 2017; la Recomendación general 1/2018 sobre la accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el estado, que fue dada a conocer en febrero de 2018; el Informe Especial y Diagnóstico sobre las Personas con Discapacidad en Jalisco que se emitió en diciembre de 2018; y el Informe Especial sobre el Cumplimiento a la Recomendación general 1/2018, emitido en 2019.
Durante las labores de seguimiento a la Recomendación general 1/2018 se advirtió que 98 municipios aceptaron la Recomendación, los avances efectuados han sido mínimos e incluso sobre algunos puntos recomendatorios no se reportan acciones en favor de este grupo en situación de vulnerabilidad.
En aquella ocasión, la CEDH se pronunció por impulsar políticas públicas para erradicar la discriminación, disminuir las brechas de desigualdad, fomentar la inclusión y desarrollo social de las personas con discapacidad; vigilar el grado de cumplimiento del derecho a la accesibilidad en sus ayuntamientos; presupuestos de egresos con enfoque de derechos humanos que incluyan partidas para su atención; actualizar el registro municipal de las personas con discapacidad; promover ante el cabildo la elaboración de un Reglamento Municipal para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, armonizado con la legislación federal y estatal en la materia; así como cursos de capacitación y sensibilización para las y los servidores públicos, entre otras.
También solicitó la elaboración de protocolos y códigos de conducta en la prestación del servicio público hacia la población con discapacidad; la elaboración y difusión de materiales sobre sus derechos; desarrollo de sitios web accesibles de las dependencias que conforman la administración municipal, realizar los ajustes razonables para la supresión gradual y permanente de las barreras físicas en obras de edificación o modificaciones de edificios, infraestructura urbana, arquitectónica y espacios públicos; vigilar que se les garantice el acceso y movilidad en medios de transporte, espacios públicos, privados, laborales, educativos, recreativos y en espectáculos públicos.
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Llama la atención que 27 municipios ni siquiera se pronunciaron en relación con la Recomendación general, siendo los siguientes: Bolaños, Chimaltitán, Cihuatlán, Cuautla, Cuquío, Gómez Farías, Huejuquilla el Alto, Ixtlahuacán del Río, Juchitlán, Quitupan, La Huerta, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, San Martín de Bolaños, San Sebastián del Oeste, Santa María del Oro, Tala, Tecalitlán, Tenamaxtlán, Tomatlán, Tonaya, Tuxcacuesco, Villa Purificación y Zapotlán el Grande.
Por esta razón, el organismo determinó iniciar queja de oficio en contra de los 125 ayuntamientos de Jalisco por la omisión y acciones deficientes en detrimento de los derechos humanos de accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad que habitan o transitan por el estado y que pueden constituir violaciones de derechos humanos.
Sólo doce municipios de los 125 acreditaron contar con un reglamento para la atención de las personas con discapacidad, siendo los siguientes: Ameca, Atoyac, Guadalajara, Jalostotitlán, La Manzanilla de la Paz, Lagos de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Tonalá, Villa Hidalgo y Zapopan. Los municipios de Ojuelos y Casimiro Castillo acreditaron contar con una propuesta de reglamento, el cual se encuentra pendiente de ser aprobado por el pleno del ayuntamiento.
No obstante lo anterior, la CEDHJ considera que es necesario someter dichos ordenamientos a un análisis y estudio exhaustivo para verificar que se encuentren actualizados conforme a los estándares legales de la materia.
Los municipios de Chapala, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Zapotiltic, Zapotlán el Grande y Zapopan, acreditaron contar con una dirección o área para la atención de las personas con discapacidad, sin embargo, ninguno proporcionó información precisa sobre su estructura, capacidad de personal instalada o los perfiles de puesto.
Seis municipios refirieron contar con personal especializado para la atención de personas con discapacidad que domina la Lengua de Señas Mexicana, estos son: Guadalajara, Lagos de Moreno, San Pedro Tlaquepaque, San Ignacio Cerro Gordo, Zapotiltic y Atotonilco el Alto.
Ninguno de los 125 municipios cuenta con un estudio situacional vigente y completo que tenga la finalidad de actualizar el registro municipal de las personas con discapacidad.
La mayoría no tiene un presupuesto de egresos con enfoque de derechos humanos, en el que se incluyan partidas especiales para la atención a personas con discapacidad.
Ninguno de los 125 municipios cuenta con protocolos y códigos de conducta específicos para la atención a personas con discapacidad.
Sólo el municipio de Guadalajara acreditó contar con un programa de apoyo a cuidadores de personas con discapacidad, sin embargo, no proporcionó datos desagregados sobre el número de población que se dedica a ello, rango de edad y en qué consisten los apoyos que se les brindan.
La mayoría de los municipios no cuenta con una bolsa de trabajo dirigida a personas con discapacidad, para que ingresen al servicio público municipal, o bien a la iniciativa privada.
Por ello en la recomendación
Recomendaciones: se pide implementar de manera urgente las acciones necesarias para concretar la reparación integral del daño colectivo. Lo anterior, como un acto de reconocimiento, atención y debida preocupación por las personas con discapacidad que viven y transitan en el municipio.
La reparación integral del daño colectivo deberá realizarse bajo la perspectiva de la debida diligencia reforzada, e incluir, al menos, la atención inmediata e integral de cada una de las obligaciones señaladas como incumplidas en la presente resolución, para lo cual esta defensoría remite una matriz con 19 indicadores de cumplimiento para medir su impacto, entre otras peticiones.
