/ jueves 2 de enero de 2020

La Comisión de Derechos Humanos pide reparar el daño a familias víctimas

Emite recomendaciones tras la crisis en el Servicio Médico Forense y los "tráileres de la muerte"

Emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco una amplia recomendación con relación a la crisis en el Semefo y va al pasado para pedir se investigue a quienes entre 2011 y 2015 ordenaron la incineración de cuerpos sin identificar, pero además que se repare el daño a las familias cuyos cuerpos, ya en fechas más recientes y durante la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval, permanecieron en los llamados trailers de la Muerte y sanciones para ex funcionarios involucrados.

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Se trata de la recomendación 40/19, que inició en 2018, cuando comenzó el conflicto. Un 16 de septiembre de 2018.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco comenzó a tener conocimiento de estos sucesos a través de medios de comunicación y redes sociales, cuando se consignó que por las calles de la zona metropolitana de Guadalajara circuló un tráiler que, en su cámara frigorífica, trasladaba en condiciones indignas cadáveres de personas fallecidas no identificadas. En un principio se informó que al interior se encontraban 157 cadáveres.

Días más tarde y como parte de las investigaciones que inició la defensoría, personal directivo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) comunicó que eran 273 personas fallecidas sin identificar.


SEGUNDA FASE

Se informó que tanto la CEDHJ como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantuvieron presencia permanente desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019 y en el proceso que fue identificado por las autoridades como “contingencia del IJCF”, tanto la Fiscalía General del Estado como Ciencias Forenses precisaron que fueron 444 personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, las que se acumularon y resguardaron al interior de tres cajas frigoríficas móviles y en las cámaras fijas del propio instituto.

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La Comisión advirtió, por su parte, la acumulación de 605 cuerpos, por lo que inició de oficio 604 quejas (una de ellas contiene la indagatoria de dos personas fallecidas) para investigar y determinar si se garantizaron los derechos post mortem y el trato digno a los cadáveres sin identificar, además del cumplimiento de los protocolos necesarios para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de sus familiares, víctimas indirectas y de la sociedad en general.

Asimismo durante la contingencia se llevaron a cabo 541 inhumaciones y de igual forma 64 personas fallecidas fueron identificadas y entregadas a sus familiares durante el periodo de la contingencia, lo que da en total 605 cadáveres acumulados en las instalaciones del IJCF. Asimismo, los cuerpos de trece personas fueron reconocidas después de haber sido inhumadas, por lo que se realizó el proceso de exhumación para entregarlas a sus familiares.


ENTRE OMISIONES

La CEDHJ advierte que en el caso de las 64 personas que fueron identificadas por sus familiares, “esta defensoría logró acceder sólo a 39 indagatorias, ya que el personal de la Fiscalía Estatal de manera sistemática fue omiso en proporcionar copia o no permitió el acceso a las 25 restantes. De las 39 indagatorias analizadas, se constató que trece personas fueron identificadas por medio del Sistema Automático de Identificación Dactilar, (AFIS, por sus siglas en inglés); once, por medio de señas particulares como tatuajes, cicatrices o vestimentas, entre otras; ocho por confronta de ADN ordenada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en razón de que existía denuncia por desaparición; dos personas tenían entre sus pertenencias documentos de identificación desde el momento de su hallazgo, y de las cinco restantes, esta Comisión no obtuvo datos que permitieran saber el método de su identificación, ya que al momento de la revisión de la indagatoria no se habían integrado las constancias relativas”.

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La CEDHJ precisó que “Para esta defensoría quedó acreditada la falta de coordinación institucional entre la entonces Fiscalía General del Estado y el IJCF, pues los dictámenes periciales que permitieron la identificación de las personas fallecidas y las diligencias para la búsqueda de sus familiares se realizaron con motivo de la contingencia y no antes".


Conoce más...

En prácticamente todos los casos, no se realizaron las diligencias de investigación adecuadas en las indagatorias para lograr el esclarecimiento de los hechos.

Emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco una amplia recomendación con relación a la crisis en el Semefo y va al pasado para pedir se investigue a quienes entre 2011 y 2015 ordenaron la incineración de cuerpos sin identificar, pero además que se repare el daño a las familias cuyos cuerpos, ya en fechas más recientes y durante la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval, permanecieron en los llamados trailers de la Muerte y sanciones para ex funcionarios involucrados.

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Se trata de la recomendación 40/19, que inició en 2018, cuando comenzó el conflicto. Un 16 de septiembre de 2018.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco comenzó a tener conocimiento de estos sucesos a través de medios de comunicación y redes sociales, cuando se consignó que por las calles de la zona metropolitana de Guadalajara circuló un tráiler que, en su cámara frigorífica, trasladaba en condiciones indignas cadáveres de personas fallecidas no identificadas. En un principio se informó que al interior se encontraban 157 cadáveres.

Días más tarde y como parte de las investigaciones que inició la defensoría, personal directivo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) comunicó que eran 273 personas fallecidas sin identificar.


SEGUNDA FASE

Se informó que tanto la CEDHJ como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantuvieron presencia permanente desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019 y en el proceso que fue identificado por las autoridades como “contingencia del IJCF”, tanto la Fiscalía General del Estado como Ciencias Forenses precisaron que fueron 444 personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, las que se acumularon y resguardaron al interior de tres cajas frigoríficas móviles y en las cámaras fijas del propio instituto.

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La Comisión advirtió, por su parte, la acumulación de 605 cuerpos, por lo que inició de oficio 604 quejas (una de ellas contiene la indagatoria de dos personas fallecidas) para investigar y determinar si se garantizaron los derechos post mortem y el trato digno a los cadáveres sin identificar, además del cumplimiento de los protocolos necesarios para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de sus familiares, víctimas indirectas y de la sociedad en general.

Asimismo durante la contingencia se llevaron a cabo 541 inhumaciones y de igual forma 64 personas fallecidas fueron identificadas y entregadas a sus familiares durante el periodo de la contingencia, lo que da en total 605 cadáveres acumulados en las instalaciones del IJCF. Asimismo, los cuerpos de trece personas fueron reconocidas después de haber sido inhumadas, por lo que se realizó el proceso de exhumación para entregarlas a sus familiares.


ENTRE OMISIONES

La CEDHJ advierte que en el caso de las 64 personas que fueron identificadas por sus familiares, “esta defensoría logró acceder sólo a 39 indagatorias, ya que el personal de la Fiscalía Estatal de manera sistemática fue omiso en proporcionar copia o no permitió el acceso a las 25 restantes. De las 39 indagatorias analizadas, se constató que trece personas fueron identificadas por medio del Sistema Automático de Identificación Dactilar, (AFIS, por sus siglas en inglés); once, por medio de señas particulares como tatuajes, cicatrices o vestimentas, entre otras; ocho por confronta de ADN ordenada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en razón de que existía denuncia por desaparición; dos personas tenían entre sus pertenencias documentos de identificación desde el momento de su hallazgo, y de las cinco restantes, esta Comisión no obtuvo datos que permitieran saber el método de su identificación, ya que al momento de la revisión de la indagatoria no se habían integrado las constancias relativas”.

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La CEDHJ precisó que “Para esta defensoría quedó acreditada la falta de coordinación institucional entre la entonces Fiscalía General del Estado y el IJCF, pues los dictámenes periciales que permitieron la identificación de las personas fallecidas y las diligencias para la búsqueda de sus familiares se realizaron con motivo de la contingencia y no antes".


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En prácticamente todos los casos, no se realizaron las diligencias de investigación adecuadas en las indagatorias para lograr el esclarecimiento de los hechos.

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