Ciudad de México.- Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública en Veracruz, indicó que se prepara una denuncia en contra de COMTELSAT, empresa a la que el exgobernador Miguel Ángel Yunes otorgó una licitación directa con valor de 100 millones de pesos, para la instalación de seis mil 316 cámaras de videovigilancia de las cuales solo operan el 34% y muchas no se instalaron.
El titular de la dependencia indicó que al finalizar la primera fase del Proceso de Entrega - Recepción, detectaron diversas irregularidades. De inicio, el que Yunes Linares adjudicara la licitación de manera directa a COMTELSAT, empresa a cargo de Manuel Arroyo, constituyó una ilegalidad.
Asimismo, se encontró que dicha empresa, había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SPF) en 2013, por incumplimiento de contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que no se encontraba apta para competir en otra licitación.
Fue la propia SFP, la que dio a conocer a través de la circular OIC-PEP-AR-18.575. 034/2014 la inhabilitación en contra de la empresa de Manuel Arroyo, y aclaró que la razón de la sanción, obedecía al incumplimiento en el contrato celebrado con la paraestatal, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras.
Durante su campaña electoral, Yunes Linares prometió resolver el problema de la inseguridad en tan solo seis meses de su gobierno, a través de la instalación de cámaras de videovigilancia en diversos puntos de la entidad.
Esa era una de las razones para que la empresa COMTELSAT trabajara en la instalación e implementación del Sistema Estatal de Videovigilancia que hasta la fecha, siguen sin operar.
La empresa a cargo de Manuel Arroyo, inició en 1993 como una empresa dedicada al rubro de servicios de telecomunicaciones, alta tecnología, equipamiento táctico, infraestructura, soluciones de transporte y vigilancia para fuerzas del orden federal y local, entre otros. Sin embargo, desde 2013 se ha visto envuelta en diversos conflictos por incumplimiento de contratos y actos de corrupción con los que se le ha relacionado directamente, a través de Arroyo quien también es dueño de un medio de comunicación de circulación a nivel nacional.
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