/ sábado 1 de diciembre de 2018

Impera la impunidad en casos de personas desaparecidas

No aparecieron más de tres mil 700 personas entre hombres, mujeres y menores de edad en este periodo

Sólo en el 0.5% de las denuncias de personas desaparecidas y con una investigación judicial abierta en los últimos tres años y medio tienen orden de aprehensión, es decir en el 99.5% de los casos no hay justicia, ya que en este periodo se reportaron y no aparecieron más de tres mil 700 personas entre hombres, mujeres y menores de edad, informó la Fiscalía General a una solicitud de información y por orden del Instituto de Transparencia.

Al realizar una sesión del Instituto de Transparencia como parte de las actividades que desarrollan en la Feria Internacional del Libro, el comisionado, Salvador Romero Espinoza, explicó que la orden del instituto a la fiscalía General era que entregara esa información con los datos estadísticos y por primera vez se utilizó el argumento de los Derechos Humanos para poder acceder a parte de la información de los casos de personas desaparecidas.

Explicó que en la petición se solicitaba “acceso a todas aquellas investigaciones y averiguaciones previas en las que la Fiscalía hubiera emitido una orden de aprehensión derivada del delito de la desaparición de personas, pero en un inicio reservó toda la información”, pero con la excepción de respetar los derechos humanos de las personas desaparecidas.

En ese sentido, Salvador Romero, indicó que la orden fue dar acceso a esas investigaciones y de donde se deprendió que del 2015 al mes de mayo del 2018 se tiene que “en el 2015 desparecieron y sin que se encontraran 526 hombres y 128 mujeres, 2016 fueron 779 hombres y 129 mujeres de ellas 81 fueron menores de edad, en el 2017 se tuvo la cifra de mil 160 hombres y 76 mujeres, y de enero a mayo del 2018 702 hombres y 128 mujeres”.

En total tres mil 167 hombres desaparecidos sin que se encuentren y 561 mujeres sin que se tenga noticias de ellas, todo eso da un gran total de tres mil 728 personas denunciadas como desaparecidas.

“Lo importante de este asunto es que al final la Fiscalía, en el cumplimiento de esas tres mil 728 personas desaparecida únicamente ha emitido orden de aprehensión en 11 averiguaciones previas y en 10 carpetas de investigación, es decir sólo en 21 casos (0.5%) hay un presunto culpable de la desaparición y en los otros tres mil 700 (99.5%) no tienen todavía un sospecho al cual se le haya emitido una orden de aprehensión por delito de desaparición forzada”.

Además explicó que en caso de que se emita una copia por cada uno de los elementos solicitados en esta petición de información al solicitante le costará más de 85 mil pesos, esto por lo marcado en la Ley de Ingresos y el costo de cada copia simple.

Por otra parte, se solicitó a la misma dependencia un informe de la Policía cibernética del 2013 a la fecha sobre cuántos mensajes en redes sociales fueron detectados como fraudes o tenían por objetivo un fraude, la fecha, la transcripción íntegra del mensaje, redes en donde fue detectada, la cantidad de personas detenidas y si era de un grupo delictivo. En primea instancia señalan que no la tenían pero dentro de las obligaciones de la dependencia es que se cuente con ella, por lo que se determinó que la unidad de transparencia no solicitó la información.


Sólo en el 0.5% de las denuncias de personas desaparecidas y con una investigación judicial abierta en los últimos tres años y medio tienen orden de aprehensión, es decir en el 99.5% de los casos no hay justicia, ya que en este periodo se reportaron y no aparecieron más de tres mil 700 personas entre hombres, mujeres y menores de edad, informó la Fiscalía General a una solicitud de información y por orden del Instituto de Transparencia.

Al realizar una sesión del Instituto de Transparencia como parte de las actividades que desarrollan en la Feria Internacional del Libro, el comisionado, Salvador Romero Espinoza, explicó que la orden del instituto a la fiscalía General era que entregara esa información con los datos estadísticos y por primera vez se utilizó el argumento de los Derechos Humanos para poder acceder a parte de la información de los casos de personas desaparecidas.

Explicó que en la petición se solicitaba “acceso a todas aquellas investigaciones y averiguaciones previas en las que la Fiscalía hubiera emitido una orden de aprehensión derivada del delito de la desaparición de personas, pero en un inicio reservó toda la información”, pero con la excepción de respetar los derechos humanos de las personas desaparecidas.

En ese sentido, Salvador Romero, indicó que la orden fue dar acceso a esas investigaciones y de donde se deprendió que del 2015 al mes de mayo del 2018 se tiene que “en el 2015 desparecieron y sin que se encontraran 526 hombres y 128 mujeres, 2016 fueron 779 hombres y 129 mujeres de ellas 81 fueron menores de edad, en el 2017 se tuvo la cifra de mil 160 hombres y 76 mujeres, y de enero a mayo del 2018 702 hombres y 128 mujeres”.

En total tres mil 167 hombres desaparecidos sin que se encuentren y 561 mujeres sin que se tenga noticias de ellas, todo eso da un gran total de tres mil 728 personas denunciadas como desaparecidas.

“Lo importante de este asunto es que al final la Fiscalía, en el cumplimiento de esas tres mil 728 personas desaparecida únicamente ha emitido orden de aprehensión en 11 averiguaciones previas y en 10 carpetas de investigación, es decir sólo en 21 casos (0.5%) hay un presunto culpable de la desaparición y en los otros tres mil 700 (99.5%) no tienen todavía un sospecho al cual se le haya emitido una orden de aprehensión por delito de desaparición forzada”.

Además explicó que en caso de que se emita una copia por cada uno de los elementos solicitados en esta petición de información al solicitante le costará más de 85 mil pesos, esto por lo marcado en la Ley de Ingresos y el costo de cada copia simple.

Por otra parte, se solicitó a la misma dependencia un informe de la Policía cibernética del 2013 a la fecha sobre cuántos mensajes en redes sociales fueron detectados como fraudes o tenían por objetivo un fraude, la fecha, la transcripción íntegra del mensaje, redes en donde fue detectada, la cantidad de personas detenidas y si era de un grupo delictivo. En primea instancia señalan que no la tenían pero dentro de las obligaciones de la dependencia es que se cuente con ella, por lo que se determinó que la unidad de transparencia no solicitó la información.


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