El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, envió observaciones al Legislativo por las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Código Penal que elimina la carta de no antecedentes penales como requisito para conseguir un empleo que aprobó por unanimidad el pasado 22 de enero el Pleno del Congreso del Estado.
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A la diputada de Movimiento Ciudadano, Priscilla Franco Barba, que impulsó se eliminara dicho documento como requisito para obtener un empleo por ser discriminatorio, manifestó que le sorprendió la decisión del Gobernador, ya que la propuesta fue consensuada con el subsecretario de Derechos Humanos, Gerardo Ballesteros y el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales, de quienes recibió el aval. Admitió con sorpresa: "no es algo que esperábamos, hubo diálogo con el Ejecutivo, con el Subsecretario de Derechos Humanos, con el Secretario de Hacienda; conocíamos ya su opinión y que estaban a favor de nuestra propuesta y la conocían incluso cuando ya estaba presentada la iniciativa y en ningún momento tuvimos información de que tuvieran observaciones”.
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En el 1 año y casi 2 meses que lleva su administración, el Gobernador ha realizado 2 acciones de observaciones, el primero fue por la Ley de Amnistía contra la Mujeres por Violencia de Género y ahora con la eliminación de la carta de antecedentes no penales, ambas propuestas por diputados de MC.
El argumento del ejecutivo estatal es de que no se considera en sí mismo como un acto discriminatorio laboral el solicitar la carta por los empleadores.
También, solicitó el Gobernador a los diputados modificar la Ley de Ingresos del Estado para reducir de 70 a 40 pesos la expedición de dicha carta.
Expuso que: "En relación a la solicitud de exhibir una constancia de su historial penal como requisito para una contratación laboral, en nuestra óptica, resulta preponderante el derecho del patrón a conocer el perfil de la persona que se pretende contratar, para lo cual, desde luego se encuentra en su derecho de contratar a alguien".
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Aclara que, si bien las constancias de historial penal no acreditan por sí mismas la probidad o el modo honesto de vivir de una persona, "lo cierto es que sí podrían constituir un elemento de valoración para ello, que puede ser hecho valer por el propio solicitante del empleo o por quien pretende contratarlo”.
Solicita que se le quiten las facultades a la Secretaría del Trabajo de vigilar a empresas que pidan las constancias: "resulta importante precisar las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual no debe enfocarse en vigilar que se pidan o no dichas constancias, sino en cuidar que los patrones no condicionen el otorgamiento del trabajo a la inexistencia de registros en el historial penal de las personas”.
La Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la obligación de la autoridad de expedir constancias con el historial penal de las personas y el derecho de los ciudadanos para solicitarlas. Incluso, la Suprema Corte de la Nación ha reiterado tanto esa obligación como ese derecho, y estableció lineamientos para que la expedición de constancias no resulte discriminatoria.
La diputada Franco Barba por su parte dijo que analizarán las observaciones y le darán respuesta.
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