Evitar llevar a la arena política los problemas familiares pidió el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a los ciudadanos tras de que se difundió un video en las redes sociales en donde se denunciaba que un funcionario estatal protegía al denunciado.
El mandatario señaló que en su administración no se ha permitido que ninguno de los colaboradores defienda asuntos particulares pero en especial no se da el tráfico de influencias, por lo que instruyó al personal de la Secretaría de Igualdad para que atienda el caso y exhortó a los involucrados para que se conduzca por la vía judicial para tener una solución a las denuncias.
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“No hay ninguna protección de nadie, me parece muy delicado que asuntos de carácter familiar empiecen a ventilarse de esa manera queriendo generar un problema de carácter político, no estaba enterado de ese asunto, platicamos con los funcionarios que señalan y no hay ningún tipo de interés de nadie”, indicó el mandatario.
Tras lo cual destacó que es necesario ser cuidadosos de no querer llevar a lo político todos los problemas familiares y sobre todo cuando le compete al Poder Judicial solucionarlos.
Es por eso que aseguró que no se da ninguna situación de tráfico de influencias y no lo van a permitir, además de que no hay funcionarios que defiendan asuntos particulares que utilicen su cargo.
Mientras que Pablo Iguiniz, abogado de la persona señalada por la señora Ángela María de ser protegida por las autoridades de Jalisco, dijo que es una guerra sucia en contra de su cliente y los señalamientos son falsos.
Explicó que las imágenes del video que se difundió por grupos de mensajería celular fueron manipuladas, editadas y sacadas de contexto.
También el abogado indicó que todo el juicio se lleva a cabo en torno a la custodia del menor que se menciona esas imágenes y agotan las instancias judiciales correspondientes, por lo que consideran que la parte acusadora en las redes sociales de que se benefició a su cliente es falso, ya que han gozado de todo el derecho jurídico para su defensa.
Sobre la irregularidad denunciada por la afectada en la forma en la que se otorgó la custodia del menor, el abogado indicó que ésta fue otorgada por un juez local y ratificada en una suspensión definitiva por un juez federal de distrito, porque en la única prueba de maltrato familiar materno y era cometido por el hijo mayor de la señora.
El litigante menciona que la señora ha visto a su hijo bajo supervisión especializada del DIF y lamentó que con esta difusión del caso, quien sale más afectado es el menor ya que se violan sus derechos humanos tal es el caso a la privacidad e intimidad, contenidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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