Para la coordinadora de bufetes jurídicos de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, Priscila Cavagna la diferencia en los datos oficiales con la realidad se debe a la atención que se brinda en las más de 470 instituciones: Fiscalía de Jalisco, Agencias especializadas, agencias de Ministerio Público y Centro de Justicia para las Mujeres.
“Pareciera que hay una cultura de desincentivar la denuncia contraria a lo que debería ser, de darle el acompañamiento integral de principio a fin, brindar todas las facilidades y que los procesos sean con rapidez y celeridad”.
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Las mujeres se enfrentan a un laberinto que impide que la justicia sea pronta, expedita y especializada. “Para presentar una denuncia el proceso es muy tardado, les dan muchas citas a las mujeres, además es una constante revictimización que ellas viven porque una y otra y otra vez les hacen revivir los hechos sucedidos en vez de tener una atención con expertos en psicología”. La violencia institucional sistémica, inicia desde los primeros respondientes, de las mil 560 mujeres que este año ha realizado una llamada de emergencia un porcentaje significativo fue revictimizada. En una de las llamadas, una mujer denunció ser víctima de violencia de pareja, sin embargo, al arribo de la policía municipal, lo primero que le dicen es ‘arregle sus problemas maritales’ en vez de actuar de acuerdo con los protocolos correspondientes. Ante este tipo de actuación irregular de elementos municipales se advierte de la falta de capacitación especializada en la materia, expuso la catedrática Cavagna.
“Ciertos delitos que son perseguidos de oficio o que se comenten en flagrancia deberían informarlos al ministerio público para que éste a su vez integre la carpeta de investigación de manera rápida y concisa (...) a pesar de que son delitos de oficio que tienen que perseguirse, parece ser que no toman el asunto y no dan parte al MP para que integre la carpeta”.
La abogada atribuyó este tipo de actos que los delitos contra la mujer no continúen ante una instancia mayor: “Esto ocurre desafortunadamente, y por eso, luego el gobierno estatal dice que los delitos van a la baja y la realidad que vemos todos los días los organismos de la sociedad civil que acompañan a mujeres víctimas de violencia y en los bufetes jurídicos que las dependencias no dan respuesta”, manifestó. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) señala las obligaciones del Policía, entre estos, que al recibir una denuncia que pueda ser constitutiva de delito, informar al Ministerio Público, impedir que se consuma el delito, y prestar atención y auxilio, entre otros, indicó la catedrática.
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A este laberinto de la impunidad se añade la falta de políticas de prevención del delito y de atención para agilizar los procesos “para que las mujeres no tengan que vivir el calvario de horas o días en las dependencias de procuración de justicia”, subrayó la coordinadora de bufetes jurídicos de servicio social.
Del total de los casos atendidos en los bufetes jurídicos de servicio social en materia de Familiar, en el 10% se identifica que la mujer es víctima de violencia, informó. En la entidad, advierte la abogada que el número de delitos de violencia contras las mujeres que no se denuncian es diez veces más de los registros oficiales, y menos del 1% de los denunciados terminan en una sentencia ejecutoriada.
Catálogo de delitos
Delitos contra la vida y la integridad; hostigamiento y acoso; violación; incesto; discriminación; feminicidio; trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psico sexual. Homicidios dolosos; violencia familia.
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