Ante el problema de que el 20% de los trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara ha sido víctima o conoce a alguien que ha padecido el acoso sexual y el hostigamiento laboral, los regidores de Guadalajara aprobaron cambios en sus reglamento para impulsar un protocolo de atención y sanción del acoso laboral o sexual, con estándares internacionales y se convierte en el primero en el país con estas características, señaló la regidora Claudia Salas.
Este protocolo forma parte de las estrategias para eliminar la violencia y el acoso dentro de la administración municipal y así dar un ejemplo a nivel nacional ya que prácticamente es el primer documento en el país que con esas características.
“Guadalajara quiere inscribir este proceso como una política de cero tolerancia a cualquier forma de violencia dentro del Ayuntamiento”, sobretodo porque se sabe que se hizo un “diagnóstico de cultura institucional en donde de mil 300 servidores públicos, el 20% dijo haber conocido o ser víctima de un acoso u hostigamiento, y cuando se les preguntó si habían denunciado, no lo habían hecho porque no había un mecanismo que les diera certeza sobre su derecho al trabajo”, o ser despedidos.
Explicó que estas acciones buscan atender y prevenir el acoso sexual y el hostigamiento forma parte de la estrategia municipal para eliminar cualquier forma de violencia o discriminación dentro del Ayuntamiento tapatío y aseguró que fue un proceso sumamente cuidado con estándares internacionales como el principio de la no criminalización de los involucrados, entre otros Derechos Humanos y que tengan en centro de atención a la víctimas sean hombres o mujeres porque ambos son víctimas.
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Indicó que una vez que se tenga la denuncia de la persona afectada, ya sea hombre o mujer, el Instituto de las Mujeres realiza un dictamen pericial para determinar el daño a la víctima y “en ese momento se da aviso a la Fiscalía de un presunto delito cometido al interior de la dependencia y desde ese momento yo la víctima tiene todas las garantías de confidencialidad, su derecho al trabajo debidamente resguardado, se inicia una investigación que no se lleva más de 30 días y no es necesario tener testigos porque es un delito oculto".
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