Tras mostrar su inconformidad de que una carta de “buenas intenciones” se convierta en una iniciativa de ley y se reduzca presupuesto a la Universidad de Guadalajara, dos legisladoras y un legislador llaman a sus compañeros a debatir, dicen que no tienen suficientes elementos para sustentar esa decisión.
Las diputadas Mara Robles Villaseñor y Ana Silvia Gutiérrez Martínez y el diputado Enrique Velázquez González, cuestionaron que se pretenda corregir la plana al coordinador del Comité de Seguimiento a la deuda de 6 mil 200 millones de pesos (mdp) que fue contratada por el Gobierno Estatal en el 2020, Augusto Chacón, y quien dijo que hay más de 320 millones de pesos del crédito que aún no están en proceso de licitación ni contratación y que incluso podrían ser asignados a la construcción del Hospital Civil de Oriente.
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La diputada Mara Robles presentó un documento enviado por el Secretario de Hacienda Juan Partida al Rector, Ricardo Villanueva que contradice las versiones dadas a conocer por el Gobierno del Estado: “Le reitera que los 140 millones de pesos se pagarán con fuentes de financiamiento que el gobierno estatal ha recibido oportunamente, pero aquí mismo también se encuentra el documento del presupuesto ciudadano con corte al 30 de junio, en el que reitera las fuentes de financiamiento y ratifica que no se ha entregado a la Universidad ninguna cantidad”, explicó la diputada.
Indicó que el argumento de que la Universidad de Guadalajara no será afectada en su presupuesto es erróneo, pues los recursos para la construcción del Hospital Civil de Tonalá en realidad están radicados en el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
“Aquí también está la prueba número 2 para que todos puedan constatar que los recursos para el Hospital Civil de Oriente están en la Secretaría de Obras y no en la Universidad de Guadalajara”, explicó al mostrar el documento de prueba.
Añadió que el Gobierno del Estado ha recibido los recursos suficientes para hacer las transferencias y puso a disposición de los medios y de la población interesada los documentos que prueban estos tres hechos.
El diputado Enrique Velázquez señaló que el Gobierno del Estado se contradice pues, mientras por un lado señalan que no pueden moverse recursos que se ha “pensado” en destinar a un determinado fin, por otro quieren cambiar el destino de partidas que ya fueron licitadas formalmente.
“Los argumentos que estamos esgrimiendo son los de ellos: no se puede reasignar los 140 millones de pesos porque ya están licitados, no únicamente ‘pensados’. Aquí lo que manda la Secretaría de la Hacienda es que ya los tienen ‘pensados’, y que el presidente del Comité Ciudadano Augusto Chacón tenía el corte nada más hasta el 23 de julio: eso habla de la falta de transparencia”, indicó Velázquez.
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