Malas prácticas policiales, críticas a la fiscalía de Justicia por el uso de vehículos sin placas y mantener jaulas en sus patios, pero sobre todo serios cuestionamientos a la falta de protocolos de las policías, fueron puestos en evidencia durante la comparecencia del Coordinador de Seguridad en Jalisco, Macedonio Tamez Guajardo; el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, que calificó estos hechos, del 4, 5 y 6 de junio, como “uno de los momentos más oscuros de la historia de las corporaciones policiacas”.
Este diálogo duró más de tres horas y fue en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, con el edificio Legislativo rodeado por rejas y personal del cuerpo de antimotines.
El defensor de los derechos humanos llamó a no criminalizar a los jóvenes, sobre todo a los diputados afines al partido en el gobierno (MC) y del PAN, que insistían en justificar las acciones policiales e insistían en la presencia de grupos externos e incluso que llegaron de otros Estados.
Fueron tres manifestaciones: 4 de junio, que generó daños a Palacio de Gobierno; 5 de junio, donde fueron privados de su libertad jóvenes que iban a manifestarse a la sede de la Fiscalía en la calle 14, y el 6 de junio, donde se detuvo a otros seis jóvenes.
Precisamente sobre el segundo incidente fue el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien dijo que los policías ministeriales actuaron contra sus instrucciones y al menos 25 policías se involucraron en las retenciones que se dieron durante la manifestación del 5 de junio. Sostuvo que la investigación se está realizando, insistió en que se involucró el crimen organizado y se llegará a sus últimas consecuencias.
El presidente de la CEDHJ, que acudió para ser sometido a interrogatorio, terminó haciendo juicios certeros por el mal actuar de las dependencias, dijo que se debe de eliminar la presencia de policías investigadores en las manifestaciones, “va contra todos los protocolos”, sostuvo, y sentenció “No es posible tener "jaulas” dentro de la Fiscalía ni vehículos no oficiales, como expresaron jóvenes fueron detenidos y levantados”.
Macedonio Tamez coordinador de gabinete de Seguridad, se mantuvo en la postura de que hay intereses detrás de la manifestación del 4 de junio y defendió que se hizo todo lo legal en el caso de Giovanni López, donde se intervino a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos y hay tres policías sujetos a proceso.
El Fiscal General reconoció que se dieron abusos por parte de elementos de la Fiscalía y la falta de credibilidad de la dependencia a su cargo por lo ocurrido el 5 de mayo, sobre lo que se abrieron dos carpetas de investigación.
Dijo que la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco investigan el caso y espera que lleguen al fondo del asunto, “por la magnitud de los hechos no pudieron participar ni dos ni tres policías” y aceptó que la dependencia a su cargo perdió confianza ante la ciudadanía:
“Hay gran pesar por lo que sucedió porque pudiéramos establecer que somos 4 mil colaboradores en la Fiscalía todos los días trabajan duro y ponen en riesgo familias y llevan a cabo decenas de operativos. Hay mucho desánimo en la institución por esa pérdida de confianza a la que han sometido a la dependencia unos 20 a 25 personas (elementos participaron en privación ilegal de los jóvenes)”.
Chécalo:
Considera que la intervención de otras autoridades y que se agote la investigación a fondo, podrá atraerles la recuperación de la confianza de los jaliscienses.
Reiteró que “bajo ninguna circunstancia se dio orden para detenciones. La orden fue clara y fue desobedecida de que no hubiera detenciones, la orden fue general, no había duda de su interpretación en caso de que fuera una orden oscura que no lo fue”. Reiteró que “en caso de que pudiera haberse dado una orden oscura, el policía está capacitado para saber qué hacer: ¡la orden fue clara y fue desobedecida!”.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Erika Pérez García le dijo de frente al Fiscal que no votó porque él llegara al cargo por la violación sistemática en derechos humanos en que incurrió cuando fue Procurador de Justicia en anteriores administraciones. Lo cuestionó sobre las detenciones ilegales a jóvenes, llevados a lo que dicen era una "jaula", al interior de la Fiscalía: ¿Significa que no tiene control de mando? ¿la delincuencia organizada manda en la Fiscalía (como él lo dijo), entonces quien lo comanda? ¿usted ordeno reunión urgente donde ordenó acción violenta contra manifestación?, fueron algunos de los cuestionamientos.
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El diputado Enrique Velázquez, del PRD, señaló que “Hay ausencia de Estado de derecho en el Estado”.
El Fiscal Estatal dio a conocer que los policías municipales de Ixtlahuacán están acusados por tortura y homicidio calificado en asesinato de Giovanni López, única carpeta de investigación en la que tienen injerencia.
Y se defendió: “la filtración del crimen organizado se presenta en todos los Estados, el nivel lo vamos calculando, difícilmente una corporación podrá decir que está libre de eso”. Negó que exista ausencia de un Estado de derecho.
El diputado de Morena, Arturo Lemus Herrera, dijo que se ha visto total desorganización, falta de organización y de estrategia en el Estado. Esta situación que se vivió en Jalisco no debe repetirse. “No podemos echar culpas ajenas. Se ha perdido credibilidad en instituciones”.
La diputada Mariana Fernández, del PRI, sostuvo que los hechos deben esclarecerse y castigar a quien resulte responsable sea del partido que sea.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco reiteró: “No queremos que se vea a Jalisco como el epicentro de hechos violentos”.
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