En los tribunales, familiares del comandante de la PolicíaJudicial Federal, Darío Gómez Robles —quien encabezó laspesquisas en el caso Posadas Ocampo— todavía sostienen unabatalla contra la Procuraduría General de la República (PGR) paratratar de recuperar el honor y los derechos obtenidos, sin dudaalguna, por los mejores años de su vida que entregó a lacorporación, llevando a cabo peligrosas pesquisas a las queincluso podría atribuirse su violenta muerte dentro de su casa, enuna aparente venganza vinculada a lo que fue su trabajo.
Su nombre aparece dentro de la lista de víctimas colaterales delos sucesos de aquel 23 de mayo de 1993.
Casualmente, siete años después, un 25 de mayo del 2000,sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio dentro de un coto,lo golpearon y le privaron de la vida mediante estrangulamientoindirecto. Su crimen pareciera ser una señal.
El asunto incluso ha llegado a oídos del presidente EnriquePeña Nieto y al menos así la familia obtuvo una respuesta porparte de la PGR.
ACTOR CLAVE
Darío Gómez se apersonó desde aquel 24 de mayo en elAeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.
Su nombre aparece desde las primeras pesquisas, en oficios yexpedientes, ya que realizó algunas detenciones, pero sobre todointerrogó algunos testigos claves e incluso identificó que varioscompañeros dentro de la dependencia estaban involucrados conalguno de los grupos criminales que ese día estuvieron presentesen la esa supuesta confusión.
El Comandante, sin embargo, nunca cesó en su trabajo, fue afondo durante los siguientes seis años, hasta que de pronto fueobjeto de una persecución dentro de la dependencia que lo lleva,primero, a que se le iniciara un proceso que culminó con unaresolución del 11 de febrero del 2000, dentro del expediente deresponsabilidad administrativa 660/99, donde se le impone lasanción de destitución como agente de la Policía JudicialFederal.
Ante ello, Darío Gómez Robles inició un juicio de nulidadante la Cuarta Sala Regional Metropolitana, que ahora es elTribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, segúnexpediente 6742/00, en el que mediante sentencia del 3 de octubredel 2000 declara nulidad lisa y llana del fallo impugnado. DaríoGómez era de nueva cuenta agente federal activo.
LO DESTITUYEN
Sin embargo, el proceso fue acompañado de una serie deirregularidades. Lo enfrentó estando enfermo a causa de unaembolia, lo que de alguna manera menguó sus acciones dedefensa.
Su destitución fue en ese lapso, con fecha de 24 de febrero del2000, y emprendió acciones cuyo fruto ya no pudo ver, en virtud deque fue asesinado.
El director general de lo Contencioso y Consultivo de latodavía Procuraduría General de la República con fecha 5 denoviembre del 2001 emitió una opinión jurídica contenida en eloficio DGCC-7259, en la que señaló que ya no era posible sureinstalación, pero sí el pago de salarios caídos por la suma de53 mil pesos y un finiquito por la suma de nueve mil pesos.
MALA PAGA DE LA PGR
Sin embargo, bajo el argumento de que fue destituido y firmó larenuncia -cuando ya estaba muerto, lo que evidentemente invalida eldocumento-, la PGR se ha negado a darle la pensión a la viuda deDarío Gómez Robles.
Estaba dictada su reinstalación conforme al Artículo 70 de laLey General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y, sinembargo, para quien llevó tantas investigaciones y perdió la vidaen forma violenta seguramente en venganza de alguna de ellas, lehan negado no sólo la reivindicación en su trabajo sino ademáslo que pudiera ser suficiente como para que la que fue su esposapor décadas (hoy viuda) pudiera tener una pensión digna.
