El maestro José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo de Colegios de Abogados del Estado de Jalisco, y presidentes de otros colegios, denunciaron negocios, prebendas y conflictos de interés en torno a Ciudad Judicial, donde han crecido los establecimientos que más que dar un servicio, se convirtieron en minas de oro para unos cuantos, entre ellos consejeros y hasta diputados.
José Luis Tello, el presidente del colegio dijo que es urgente que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro ponga orden, toda vez que estos negocios van desde la concesión para un centro de copiado en el que se venden las fotocopias a dos pesos cada una, resultando un negocio millonario, Hasta el usufructo del estacionamiento con mil 200 cajones por los que se cobra 20 pesos por hora.
La acusación directa fue contra el diputado local del partido Movimiento Ciudadano (MC) Héctor Pizano Ramos.
El abogado fue más allá, incluso exigió que se demuestre por transparencia que se hace con el dinero, y la duración del contrato de comodato que otorgó la facultad a estos particulares para explotar los señalados negocios.
Chécalo:
El Consejo de Abogados del Estado de Jalisco, a través de sus 34 colegios, hizo un llamado al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para detener el saqueo, robo y abuso de autoridad que llevan a cabo particulares en el uso de concesiones ilegales en servicios y que alteran la dotación de una justicia expedita, pronta, completa e imparcial.
Con sus más de 5 mil abogados integrados a los colegios, ha denunciado, sistemáticamente los abusos y las omisiones graves que grupos fácticos -dijo- emanados de los políticos del momento, llevan a cabo en servicios que son fundamentales en la administración de la justicia.
El Consejo de Colegios, comentó además, ha denunciado insistentemente las fallas con las que se construyó el edificio de la Ciudad Judicial que fueron motivo de una denuncia basada en el peritaje de Protección Civil que alerta del posible desplome de la estructura, nada se ha hecho al respecto y más de 16 mil usuarios, principalmente abogados y demandantes de justicia, están en riesgo latente. Denunció que no se usa el tercer piso y que constantemente “truenan” los vidrios de los juzgados.
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“De nueva cuenta hacemos hincapié en el servicio de fotocopiado, concesión ilegal otorgada a un particular desde el Consejo de la Judicatura y cuyo costo recae en el demandante de justicia, contrario a la expresión constitucional, ya que aún es necesaria la copia del expediente para conocer y posicionarse del asunto que se está atendiendo”, comentó.
Dijo que ese servicio debería depender del Poder Judicial, con bajo costo para la sociedad, ya que actualmente es un gran negocio: “Recaban millonarias cantidades en el uso de más de 100 equipos de fotocopiado que hoy tienen un costo de 1.50 pesos, ya que antes fue de 2.00 pesos; reducción lograda por las presiones del CCAEJ, pero que no resuelven de fondo el problema”.
Reiteró que además el cobro también ilegal, “por lo ilegal de la concesión, otorgada a un familiar de quien era Consejero Ciudadano, del estacionamiento de Ciudad Judicial; que de la misma forma que las copias, deja millonarias ganancias a costa de ciudadanos, justiciables, abogados, peritos, servidores públicos que, como en Ciudad Judicial Federal, debería ser gratuito”.
Enfatizó que “el estacionamiento de Ciudad Judicial que cuenta con 1,200 cajones, se cobra una tarifa de 20 pesos por hora, por lo que sus ganancias pudieran ser de aproximadamente 200 mil pesos diarios, más de 3 millones de pesos, sin que aporten un centavo al mantenimiento y recuperación del inmueble; se trata de una concesión en la que se encuentra involucrado el ex consejero Mario Pizano Ramos y quien fue propuesto por su hermano Héctor Pizano Ramos, quien dejó el PRI y se fue a Movimiento Ciudadano”, reiteró.
Esta concesión -destacó- fue otorgada por el entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes y los consejeros: Alfonso Partida Caballero, Jaime Gómez y el mismo Mario Pizano Ramos, el 27 de agosto de 2015, en el concurso de licitación 19/2015 otorgada a DTC, como único participante.
Y reiteró: “El Consejo de Colegios de Abogados del estado de Jalisco denuncia, nuevamente, que se trata de una concesión ilegal ya que el Consejo de la Judicatura no está facultado para otorgarla, debido que no es el propietario de Ciudad Judicial”.
Desde hace 10 años, sin licitación de por medio, un particular se encuentra a cargo del negocio de la información que procesa la administración de la justicia y que ha otorgado desde hace más de 10 años a un particular para que haga uso de resoluciones, acuerdos, sentencias y todo aquel material informativo que se origina en los juzgados en materia penal, civil, familiar y mercantil.
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Comentó que al amparo de los consejeros del Consejo de la Judicatura, dos empresas reciben la información judicial, que debe de ser pública y éstos la venden en servicios que cobran desde mil 200 pesos mensuales y con las que reciben recursos millonarios que deberían de ser de acceso gratuito.
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