Ante algunos señalamientos de la familia de la víctima, con respecto a que no ha habido ningún avance en torno al caso del magistrado José de Jesús N., que enfrenta un proceso penal por abuso sexual contra una menor, el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón defendió el actuar de autoridades; se ha actuado conforme a ley aunque los procesos están detenidos, admitió.
"Está parado todo, pero decirles que las autoridades hemos actuado de manera oportuna y ninguna institución, ni colegiada ni a título personal, ni su servidor, hemos hecho algo para defenderlo o protegerlo. Estamos obligados a seguir pasos donde se siga el debido proceso. Eso sí y lo estamos cumpliendo, pero también respetando en todo momento los derechos de las víctimas".
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Si bien consideró que en todo este camino se han encontrado algunas deficiencias normativas, sí expresó que el caso es paradigmático para replantear los procedimientos desde la Constitución, ya que como actualmente el magistrado está prófugo prácticamente los procesos en su contra, tanto el penal como el de su cargo, están detenidos.
"Sí, la víctima se puede quejar de que el expediente está parado, pero es porque así lo ordena la ley, porque así lo señala la ley, y no tenemos otra ruta u otra vía para seguir caminando en el procedimiento hasta que él regrese, porque aún el procedimiento administrativo ya estamos en posibilidad de decirle 'defiéndete' pero si él no está dónde lo notifico".
Añadió que para separar de forma total al magistrado debe haber un juicio político donde se declare el cese o en su caso una sentencia penal donde el MP solicite la inhabilitación, sin embargo, reiteró que esto no ha sucedido porque él sigue sustraído de la acción de justicia.
"Entonces, el procedimiento administrativo y el procedimiento penal siguen suspendidos al igual que el juicio político, porque los que pusieron este juicio político decidieron no ratificarlo. Yo entiendo que no se ratificó".
Aunque el magistrado está prófugo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado recordó que el acusado se amparó contra la determinación del juez de declararlo sustraído de la justicia y contra la suspensión que el propio STJE hizo en su contra. También, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en donde alegó que se le vulneró la presunción de inocencia y porque lo suspendieron sin que se tuvieran atribuciones.
