Tasan en pesos, los traumas que deja en víctimas los responsables de delitos sexuales; jueces a través del pago de reparación del daño, resuelven crímenes, que dejan huella de por vida.
Las manos le tiemblan y su voz se entrecorta. A Yajaira G. y a Evangelina Vé. se une su respiración acelera y sus ojos se cristalizan cuando narran la agresión sexual que sufrieron sus hijas.
Las madres de familia exigen justicia, denuncian que, a cambio de dinero, juzgadores de Jalisco, dejan en libertad a hombres señalados de abuso sexual infantil y dan carpetazo por unos cuantos pesos.
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Las madres de familia se mantienen firmes en reclamar ¡justicia! interpusieron un recurso de apelación para impugnar las resoluciones judiciales dictadas por el sistema estatal.
Sus hijas, adolescentes fueron víctimas de los delitos de abuso y de violación sexual, un problema agonizante en México, además, fueron privadas de su libertad por un familiar y por un funcionario municipal, respectivamente.
Los hechos se registraron por separado en octubre de 2021 en el municipio de Ocotlán, y en febrero de 2022 en Zapopan, Jalisco.
En territorio nacional los delitos sexuales: abuso, acoso, hostigamiento sexual y violación, entre otros se duplicaron en el último quinquenio. En Jalisco, cada 24 horas, cuatro mujeres son violentadas en su libertad y seguridad sexual.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la entidad del 2017 a mayo de 2022 se registraron 21 mil 950 casos, sin embargo, para investigadores hay una cifra negra.
Pese a recomendaciones de organismos internacionales y reformas legislativas en el ámbito penal, las mujeres viven escenarios escalofriantes que las marcan de por vida.
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Ellas no se conocen. Yajaira y Evangelina viven momentos de incertidumbre, miedo y de temor por sus hijas, quienes, a su corta edad, cambiaron de domicilio; el problema se agudizó, una de ellas, intentó quitarse la vida.
Ambas madres de familia han dedicado su tiempo en recabar pruebas de los hechos ocurridos, sin que los organismos protectores de la niñez y operadores jurídicos (Ministerio Públicos, jueces y abogados) garanticen su protección y justicia.
En estos casos, la justicia de Jalisco ha violado las normas mexicanas e internacionales, investigadores de la Universidad de Guadalajara en criminalística, sociología, psicología y de género, advierten de una serie de ineficiencias en la procuración de justicia.
Destacan, la falta de la debida diligencia, de la nula impartición de la justicia con perspectiva de género, del trato inadecuado a las víctimas, de las deficiencias probatorias en materia de delitos sexuales, así como la mediación y el pago como una salida fugaz.
Aunque en la Fiscalía estatal hay una dirección de la indemnidad sexual y la integridad de las personas no se actúa para proteger a la niñez ante un tatuaje imborrable, denuncia el criminólogo Rogelio Barba Álvarez.
“Cuál es la respuesta institucional, el tratamiento que se le debe de dar a la víctima es donde están los fallo, donde se genera la victimización secundaria, en donde no es atendida en su esquema victimológico y los programas de prevención”.
El también miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), lamentó la falta de una política pública integral acompañada de una campaña de prevención de delitos sexuales en Jalisco.
Caso Yahaira Godínez
En estos diez meses transcurridos, Yahaira ha sufrido violencia y desigualdad institucional, además de una defensa inadecuada sin conocimiento de género y sin que se establezca medidas de protección para su hija de 14 años, fue violada por su tío.
“El que abusó de mi hija pago y camina por las calles como si nada en todo Ocotlán, en fiestas, con su familia, luciéndose y ya fácil, él paga lo que quiera y se va, así son las leyes. Es esposo de una prima”.
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La Juez de Control de Ocotlán, Mónica Patricia Iñiguez Soto pidió la cantidad de 81 mil pesos por reparación de daños, el pago será mensual, con este monto cerró la carpeta de investigación 2164/2021 integrada por abuso sexual infantil agravado en contra de Miguel N. alias el “Riqui”.
Para la madre de familia, el Sistema de Justicia de Jalisco victimiza y discrimina a las víctimas de delitos sexuales: “La juez, el Ministerio Público y varias personas que estuvieron ahí, que eran defensas de mi hija no hicieron nada. Estuvo pagado el caso en todo momento, en la carpeta de investigación no hubo nada, solo querían dar dinero. A mi abogado le ofrecieron 80 mil pesos para que no fundamentara el caso”.
Aunque fueron presentadas varias evidencias para argumentar el delito, entre ellas, el dictamen psicológico positivo forense de la menor, la juez, las calificó de insuficiente para vincular a proceso al acusado.
“Yo le dije a la juez mi hija lleva tres intentos de suicidio, se mandaron hacer dictámenes psicológicos y psiquiátricos en donde dicen que la niña necesita más sesiones y la juez dice no”, narra la madre de familia.
“Yo estoy sola, todo está vendido” fue el reclamo de Yahaira.
Caso de Evangelina Vélez
En este peregrinar por exigir justicia y detener este tsunami de delitos, Evangelina Vélez madre de una adolescente de 16 años, desde febrero de este año camina por un sendero injusto y desigual.
“Sigo con las pruebas, y apenas el abogado metió la apelación. El agresor no se condenó alteraron la prueba de mi hija, y estoy consiguiendo esas pruebas que le hicieron en Zoquipan donde señalan que mi hija tenía alcohol y drogas en la sangre, esas son pruebas muy importantes ese día (de la agresión) mi hija andaba toda tonta”.
Desde el día de la agresión, la madre de familia fue víctima de hostigamiento para desistir de la denuncia que consta en la carpeta del Ministerio Público número 10261/2022, agencia operativa 2666/2022.
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Cada segundo, recibía llamadas y mensajes en WhatsApp ofreciéndole dinero, al inició fueron 20 mil pesos hasta llegar a 200 mil pesos, sin embargo, Evangelina en todo momento se negaba.
Ahora teme por su seguridad integral, José M, quien era un funcionario de Zapopan, y concluyo al parecer el termino de acudir a los juzgados a firmar por el delito de privación ilegal de la libertad y lesiones e intento de violación.
“Mi hija tiene miedo, se fue de la casa. A él como quien dice se le acabó la condena que le había dado que era de cuatro meses de estar firmando. también tengo miedo no sé qué vaya a pasar, por eso quiero conseguir las pruebas. En todo momento hubo tráfico de influencias”.
Durante este tiempo, las madres de familia han vivido un viacrucis, los delitos sexuales que sufrieron sus hijas es una constante en Jalisco, de enero a mayo de 2022 se reportan dos mil 342 delitos contra la libertad y seguridad sexual.
De este total, mil 130 fueron por abuso sexual, 148 por acoso, 36 por hostigamiento y por 209 violación, de acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El delito de violación es una constante en el país, y aunque se amerita una prisión preventiva oficiosa, los agresores son puestos en libertad por unas cuantas monedas.
“Poner mucha atención", alertan
Las madres de familia, Yahira y Evangelina han denunciado la falta de atención integral a sus hijas, una situación preocupante y delicada, señaló la responsable del Programa de Género del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, María de los Ángeles González Ramírez.
“Es la parte más delicada este tipo de atención sobre todo para guardar la privacidad, la información, y los casos que estos delitos tienen, sobre todo esta parte tan difícil para alguien que ha sufrido este tipo de delito, y la parte de ser atendida”.
El delito de violación se agudiza en los municipios ante la cultura patriarcal que tienen las y los servidores públicos encargados de la impartición de justicia, además de que el sector salud aún se resiste a cumplir con el protocolo y la normatividad para la atención de violación.
“Ha sido difícil estar acompañando, buscar que deberás se les atienda a las personas que sufrieron algunos de delitos”.
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La especialista advierte que, las personas que sufrieron violencia sexual están vinculados a feminicidio, suicidio y muerte materna “hay que poner mucha atención”.
La hija de Yahaira ha intento quitarse la vida en tres ocasiones, luego de sufrir la violación, ella debe de permanecer en terapia psicológica y psiquiátrica, sin embargo, la juez de Ocotlán Mónica Patricia Iñiguez evitó reconocer la testimonial presentada por la madre de familia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2020 emitió una sentencia en que reconoce que el suicidio está relacionado con la violencia sexual y debe atenderse “como un impacto” y adoptar las medidas especiales de protección para proteger la vida de la víctima.
González Ramírez estableció la importancia de brindar una atención integral a las mujeres que denuncian la violencia sexual; lamentó que la cultura patriarcal de las y los operadores jurídicos sea un obstáculo para impartir la justicia con perspectiva de género.
“No hemos logrado cambiar la cultura de acceso a la justicia, toda la parte judicial, ese es el cambio que se tiene que dar lo más pronto posible, ya no es posible que sigamos modificando normas, creando leyes si esa cultura no cambia”.
Indicó que el gran reto es cambiar la cultura institucional: “Vemos que estos delitos siguen estando en la cifra negra o no se atienden en la manera que se deberían de atender y todavía hay una serie de prejuicios en el personal que atiende en la Secretaría de salud”.
Hay crisis forense
El responsable de la Unidad de Primer Contacto (UPC) del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), UdeG, Víctor Alejandro Nodal Silva, consiga la cifra negra respecto a la violencia sexual y de impunidad.
“Los delitos no se investigan o cuando se investigan no se accede a la justicia, durante el juicio o proceso jurídico al final del día no se arriba a la verdad (…) No todas las personas que van al ministerio público son recibidas y atendidas de manera adecuada como para abrir carpeta de investigación, no todas las carpetas de investigación llegan a juicio y no todos los juicios resuelven”.
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En México, comentó que hay una “crisis forense” para investigar los delitos sexuales y como la falta de transversalidad en la aplicación de la perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género.
“El personal forense carece del recurso técnico, de material o de la capacidad metodológica para la resolución de las investigaciones, estos son usados pseudociencias o no tienen una forma actualizada de aplicación científica”.
En Jalisco a pesar de que la y el juez está obligado a proteger a la persona víctima de delitos sexuales de acuerdo con los tratados internacionales y las leyes mexicanas, “están fallando” en proteger el bien jurídico de las niñas y adolescentes.
“Quienes fallan las y los operadores que no saben, no tienen la capacidad. No hacen ciencia hacen institucionalismo básicamente y no a sus obligaciones éticas, profesionales y jurídica”.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, establece, entre otros puntos, anteriores mencionados es brindar órdenes de protección y un tratamiento especial en los casos de violencia sexual, sin embargo, en Jalisco, las y los jueces tasan en pesos este trauma.
Yahaira y Evangelina, advierten que no pararan. Confían que, en algún momento en este camino tortuoso, verán la balanza de la justicia en Jalisco.
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