En hospitales de México hay una mafia de venta de sangre sin que la Zona Metropolitana de Guadalajara sea la excepción, advirtió la directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), María Guadalupe Becerra Leyva.
Aunque no hay procesos legales abiertos por este tipo de delito, afuera de las instituciones de salud hay personas pidiendo entre 500 a mil pesos para ser supuestos donadores, el riesgo es que no es sangre segura.
La entrevistada mencionó que cuando fue titular del Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara (HCG) Fray Antonio Alcalde en 2012, y ahora en el estatal ha detectado que afuera de los bancos de sangre hay personas dispuestas a venderla.
“Yo fui la jefe de aquí, yo llegué a correr gente de afuera amenazándolos que si seguían con eso los podía meter hasta la cárcel, legalmente sí se puede sancionar, la cosa es encontrarlos y desbaratar esas mafias, son mafias no es una persona son cuatro o cinco personas que se reúnen”.
De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS) en los lugares donde hay donación forzada de sangre se forma un mercado negro: “Al hospital que ustedes vayan afuera hay gente que está vendiendo la sangre. Usted tiene su paciente aquí, necesita sangre, sale y pregunta oye me podría apoyar donando sangre, van a decir que sí, pero es tanto (beneficio económico) y hay grupos de gente en cualquiera que ustedes me digan, quien diga que no, está mintiendo”, sostuvo la titular del CETS.
El riesgo de contactar a una persona fuera de un hospital, es que el supuesto donador a cambio de dinero negaría que posiblemente consuma alguna sustancia ilícita como cocaína, tener algún tatuaje o varias parejas, en este caso el perjudicado sería el paciente.
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En México la venta de sangre es un delito federal. El artículo 462 de la Ley General de Salud, señala que la pena de prisión va de seis a 17 años, y una multa económica de ocho mil y 17 mil pesos de salario mínimo: “Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos, y al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos…”.
En caso de que intervengan profesionales, técnicos o auxiliares de la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.
