Mal informado, así califican abogados de la firma “Illanes ySoto” representantes de Ricardo Ramírez Ángulo, al secretariogeneral de gobierno, Roberto López Lara, quienes aseguraron queevidentemente los colaboradores del abogado del Estado le mintierony no hay tal suspensión federal sobre el predio Colomos III. Losabogados del propietario de un predio de 5.7 hectáreas ubicado enavenida Acueducto 5869, Fracción A, en Zapopan, Jalisco,explicaron que sus declaraciones, en el sentido de que ya nadaimpide que el gobierno de Jalisco se haga cargo de ese predio, sonerróneas y causan confusión a la opinión pública, en efectocontrario a lo que sostuvo, el Juez Segundo de Distrito en MateriaAdministrativa que “sí concedió una suspensión definitiva afavor de nuestro cliente Ricardo Ramírez Ángulo”, expresaron yque es todo lo contrario a lo que afirma. Detallan que en esaresolución el citado Juez Federal prácticamente ha determinadoreservarse la disposición del bien inmueble de 5.7 hectáreas desu cliente Ricardo Ramírez Ángulo, ubicado en lo que denominan“Colomos III”, dejando en custodia el mismo a favor de lasfuerzas policiales, lo cual implica que lo entregará de maneradefinitiva a quien gane el asunto. Asientan los litigantes queincluso el juzgador ha ordenado que: “no se transfiera supropiedad o posesión a favor de tercera persona, ni se destine aun fin distinto del que motivo su recuperación…por ende, no selleven a cabo inscripciones, actualizaciones o cancelaciones encatastro municipal ni en el registro público de lapropiedad…”
LA EXPLICACIÓN Para dejar más claro lo anterior, los abogadosexplican que “Esa resolución no implica ningún triunfo a sufavor como lo pretende señalar el Licenciado López, por elcontrario, lo único que negó el Juez Federal a nuestro cliente,es entregárselo o devolvérselo libremente, lo cual no implica quehaya ganado el asunto el Gobierno, pues finalmente el bien inmueblepor los efectos de ese mandato solo lo tendrán en custodia lasfuerzas policiales, más no puede disponer de él ni de suposesión, pues eso lo conserva el Juez Federal”. Finalmentereiteran que “lo que hizo el Gobierno del Estado de Jalisco elpasado febrero de 2017, fue un atropello a los derechos de nuestrocliente, una arbitrariedad brutal al despojarlo criminalmente delbien que adquirió y tenía posesión desde hace más de 15 años,violaciones que ya están siendo del conocimiento de los TribunalesFederales”.
