Sin un mapa ni diagnóstico integral focalizado sobre las desaparición de personas en Jalisco, y ante la ausencia de una política pública coordinada y eficaz, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advierten de una "catástrofe humanitaria".
Jalisco, ocupa el segundo lugar a nivel nacional con cerca de 13 mil víctimas de desaparición reportadas, cuando hace una década no figuraba este delito.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (30 de agosto), las y los investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), a través del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas, señalan que la política pública del Gobierno de Jalisco realiza acciones administrativas "sin resolver" ni judicializar la problemática.
Además de que hay hostilidad hacia los colectivos de familias de personas desaparecidas y de ocultamiento, anteponiendo los servidores de justicia "lealtad" al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
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En el pronunciamiento emitido por el Comité Universitario, la coordinadora Dolores del Carmen Chinas Salazar, expresó que "el gobernador suele reaccionar con hostilidad hacías las demandas, protestas y peticiones de ayuda, la tendencia es a borrar, ignorar u hostigar los reclamos de los familiares y otras voces críticas que demandan soluciones que no se están generando".
"Detrás del silencio oficial, la publicidad triunfalista y los discursos autocomplacientes se observa una operación cotidiana limitada, precaria e improvisada a la que le faltan muchos recursos humanos, institucionales y técnicos".
Asimismo, mencionó la falta de un diagnóstico integral focalizado y de un mapa territorial que visibilice este fenómeno.
"Algo que el Comité ha estado insistiendo con las autoridades de que se haga un estudio a fondo de dónde suceden las desapariciones y con qué perfiles".
De acuerdo con un estudio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), del cual hizo referencia la académica, muestra que regiones son el cinturón rojo de las desapariciones como es La Barca, la región de la Ciénega, Altos de Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
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Por su parte, la también integrante del Comité, Denisse Ayala Hernández, advierte que el Estado han sido omiso en "reconocer la magnitud de la catástrofe humanitaria que vuelve Jalisco al ser un estado que está colocado desde hace tiempo como una entidad que viola sistemática los derechos humanos".
Previo al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Ayala Hernández, señaló que el Estado debe garantizar la seguridad de las personas atendiendo las recomendaciones internacionales y nacionales en la materia.