El pleno del Congreso de Jalisco aprobó, este jueves en sesión, cuatro dictámenes con los cuales se da luz verde para iniciar con el procedimiento de sanción contra funcionarios de cuatro municipios por un tema de laudos laborales; de resultar procedente el análisis, se supendería con quince días sin goce de sueldo a alcaldes, síndicos y regidores de varios municipios como Tonalá.
Los cuatro dictámenes avalados en sesión corresponden a los municipios de Unión de San Antonio, Unión de Tula, Bolaños y Tonalá, y como tal se establece que inicia el proceso de revisión, es decir, como ya se aprobó en pleno ahora comenzará la etapa de audiencia y defensa de los implicados.
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Luego del desahogo de pruebas es cuando diputados, tras hacer el respectivo análisis, determinarán si procede o no finalmente la suspensión.
"A partir de ahorita se tiene que ordenar que se notifique a cada uno de los ayuntamientos. A partir de que ya se les notificó al presidente municipal o a las autoridades que corresponda, empieza a correr el término para que ellos presenten pruebas. El procedimiento es muy sencillo: ellos presentan sus pruebas, hay una audiencia, se reciben, se valoran y posteriormente hay una audiencia de alegatos, todo eso se integra a un expediente y ya tendremos los elementos para dictaminar si es procedente la suspensión o no", refirió la presidenta de la Comisión de Gobernación, Ángela Gómez Ponce.
Mencionó que este tipo de procedimientos pueden llevar alrededor de 60 días, por lo que durante este tiempo los ayuntamientos señalados se pueden regularizar con el pago del laudo laboral o en su caso llegar a un acuerdo con el quejoso, en aras de evitar la suspensión sin goce de sueldo.
"Nosotros tenemos una comunicación constante con los municipios, porque muchos de ellos están preocupados. No es la intención de afectar a los municipios, nosotros les hemos comentado cuáles son las opciones que tiene para cumplir y varios de ellos lo han hecho y otros pues no han podido en el tiempo que nos está requiriendo los juzgados y por eso se ha iniciado el procedimiento. Esperamos que en el transcurso del procedimiento para liberar pruebas y demás tengan la oportunidad de pagar o de conveniar con el trabajador para no llegar a una suspensión", añadió la legisladora de Morena.
Los juicios laborales que enfrentan los ayuntamientos datan de administraciones pasadas: el de Unión de San Antonio es del 2013, Unión de Tula del 2011, Bolaños del 2007 y Tonalá del 2016.
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