La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) agotó una investigación a partir de varios casos denunciados, de reos incomunicados y golpeados, y emitió contundente recomendación al gobierno de Jalisco donde se pone en evidencia que hay tres veces más de sobrepoblación, se violentan derechos humanos y gobiernan los reos, por lo que le da plazo de seis meses para retomar el control y nueve meses para que no haya personas procesadas internas en la Comisaría. Deberá nombrar además un alto funcionario para dar seguimiento a esta recomendación.
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Una denuncia ante el Senado de la República de que había un hombre preso y golpeado puso todo en evidencia. Se dijo que estaba en la comisaría y que se trataba de una retención ilegal, puesto que ya había compurgado las penas impuestas por la autoridad jurisdiccional.
Tres horas y 20 minutos tardaron en recibir a los Visitadores Adjuntos en el Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco.
Primero les negaron al reo aduciendo que estaba en visita íntima, lo cual él negó rotundamente. Presentaba evidentes lesiones que le infirieron en una riña, la directora de la Comisaría negó antecedentes de riña o pleito.
Cuando los recibieron, argumentaron que el reo había participado en una riña.
De acuerdo a lo que se hizo constar en la Recomendación 18/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida al Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, realizaron una revisión y encontraron condiciones de autogobierno, sobrepoblación, falta de control de personal de las autoridades e insuficiencia personal de seguridad, encontrando además que en un espacio para 2 mil 118 internos se tiene a 5 mil 668 personas privadas de la libertad.
Mensaje para Aristóteles
De acuerdo a dicha recomendación, la CNDH señala al titular del Ejecutivo que “este organismo nacional ha observado con preocupación la violación de los derechos humanos al trato digno y a la reinserción social de las personas privadas de la libertad, al no cumplir dicho establecimiento con los estándares mínimos para garantizar a los internos estancia digna y segura, ni reunir condiciones de control y habitabilidad apropiados. Con ello se incumple la obligación del Estado de procurar que las instalaciones, la organización y funcionamiento de los centros penitenciarios garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de su población y se favorezca la reinserción social efectiva”. Siendo el 22 de febrero de este año la fecha en la que se inició la investigación por parte de la CNDH respecto al tema.
Muchos reos, pocos custodios
De la misma investigación se desprende que por delitos del fuero común se tiene a 4 mil 714 reos sentenciados y 293 procesados; en el fuero federal 615 sentenciados por 46 procesados.
El subtotal de sentenciados es de 5 mil 329 más 339 procesados, esto para un gran total de 5 mil 668, esa es su población penitenciaria.
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Al comparar, la diferencia es importante entre reos y custodios, que apenas suman 232 que trabajan en turnos de 24 por 48 horas en tres guardias de 77 a 78 elementos de cada una; mientras que en la dirección laboran cinco personas incluido al titular; en el área jurídica hay 29 abogados y 17 auxiliares; asimismo, el equipo técnico es de 21 psicólogos, ocho médicos, cuatro odontólogos, así como trabajadores sociales y enfermeras.
Y es entonces cuando se puede ver -así lo asentaron los visitadores- a internos realizar funciones de custodia y control del ingreso de familias al área de visitas.
Primeras acciones
Se ha ordenado salvaguardar la integridad de la persona golpeada y que este sea atendido de sus lesiones. La persona compurga ya una condena de 15 años de prisión a partir del 2009 y una vez que termine con la misma, deberá de cumplir otra de 3 años con 3 meses de cárcel.
Pero además la Comisión Nacional recomienda al Gobernador de Jalisco instruir que las autoridades penitenciarias y sus corresponsables realicen acciones para erradicar sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, y se implementen programas para la prevención, detección y atención de incidentes violentos, y que en plazo no mayor a seis meses se diseñe e implemente un programa integral con estrategias y acciones que permitan, funcional y materialmente, a través de partidas presupuestales que se soliciten para consolidar en la entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos.
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El titular de la Fiscalía General del Estado deberá diseñar, instrumentar e impartir un programa de capacitación permanente para el personal directivo, técnico, administrativo y de custodia de la Comisaría, que tenga también un rubro de supervisión por esas autoridades, para promover una cultura de respeto a los derechos humanos que armonice con la seguridad del mencionado establecimiento de reclusión.
Además, el titular de esa Fiscalía coadyuve en la presentación de la queja que la CNDH formule ante la autoridad competente contra quien resulte responsable por las mencionadas anomalías en la Comisaría.
Se está solicitando de igual manera evitar que la Comisaría haya personas procesadas internas, y se informe de ello a la Comisión Nacional, en un plazo no mayor a 9 meses, y se designe a un servidor público de alto nivel como enlace con la CNDH, para dar seguimiento a esta recomendación.
