Este martes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde interpuso una controversia constitucional en contra del acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) que rechaza el uso de las energías limpias y presenta una iniciativa para crear impuesto a empresas que generen gases de carbono.
En la exposición de motivos para interponer este instrumento jurídico ante la máxima autoridad judicial del país es que el acuerdo de la Sener contiene medidas que son un retroceso para el país desde el punto de vista climático, energético y de salud pública con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales.
En ese sentido el mandatario indica que “Jalisco asume con seriedad, nuestro compromiso para enfrentar el reto global del cambio climático, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de actuar con absoluto apego a la Ley y con determinación, para evitar que el Gobierno Federal siga comprometiendo el futuro de México y del mundo”.
El acuerdo de la Sener impone restricciones al desarrollo de nuevas centrales de generación de energías renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares, y prohíbe la construcción de proyectos en lugares considerados congestionados o con poca capacidad de transmisión, explicó Alfaro Ramírez.
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El mandatario jalisciense, es el coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático en la Conago e integra la Alianza Mexicana de los Gobernadores Mexicanos por el Clima.
Agregó que el pasado 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación dicho acuerdo de la Sener por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, el cual, afecta la facultad concurrente de las entidades federativas en materia de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, además de apostarle al uso de combustibles fósiles y que emiten mayores cantidades de contaminantes.
“Estas medidas constituyen un claro retroceso para el país desde el punto de vista climático, energético y de salud pública con fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales. Por ello, el Gobierno de Jalisco ha decidido combatir legalmente esta determinación del Gobierno Federal y presentar una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consonancia con lo acordado el pasado 5 de junio por los gobernadores de la Alianza Noreste-Pacífico”, puntualizó.
Además, dejó en claro que esta nueva política afecta directamente atribuciones conferidas a las entidades federativas por la Constitución.
“En concreto, sostenemos que el acuerdo de la Secretaría de Energía afecta la facultad concurrente de las entidades federativas en materia de equilibrio ecológico, la protección al ambiente establecida en el Artículo 73 de la Constitución, por un lado, así como también las atribuciones relacionadas con la planeación y dirección económica como una facultad originaria derivada de los artículos 39, 40, y 41 de nuestra Carta Magna”.
Los cinco puntos sobresalientes que afectan al medio ambiente con ese acuerdo de la Sener están relacionados en primer lugar “en el ámbito climático esta política de confiabilidad se contrapone significativamente con la agenda climática y los compromisos globales adquiridos por México, por sus gobiernos subnacionales y por los particulares en el marco del Acuerdo de París y la agenda 2030”.
Además, como segunda consideración indica que se “tendrían fuertes repercusiones en el medio ambiente y en la salud de las y los mexicanos”.
En tercer lugar, afectaría en el aspecto económico ya que las directrices de la política energética del Gobierno Federal trasgreden el principio constitucional de libre competencia bajo el cual debe de operar el Sistema Eléctrico Nacional respecto a la generación y comercialización de energía, al limitar el acceso y desarrollo al mercado de las energías renovables.
El cuarto punto es que esto podría implicar a “nuestro país una afectación de seis mil 400 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED)”.
En quinto lugar, con esta situación en Jalisco se afectarían a 16 proyectos que representan para el Estado una inversión de alrededor de dos mil millones de dólares y la pérdida de 30 mil empleos locales.
“Adicionalmente a esta Controversia Constitucional, he tomado la determinación de presentar una iniciativa a efecto de compensar las externalidades que generará al medio ambiente esta distorsión en la producción y consumo de energías no renovables. Lo voy a hacer ante el Congreso del Estado para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco y crear una contribución a la emisión de gases a la atmósfera”.
Detalló que “este impuesto ambiental lo deberán cubrir todas las unidades económicas, empresas o persona físicas, que produzcan emisiones de carbono u otros gases a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que se desarrollen en el Estado y afecten al medio ambiente”, destacó el Gobernador de Jalisco.
Alfaro Ramírez agregó que dicha contribución permitirá que el Estado tenga recursos para financiar las políticas y programas de adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como al fomento de la sustentabilidad de las actividades económicas, industriales y productivas del Estado.
Por otro lado, el mandatario jalisciense comentó que esta nueva contribución permitirá cumplir con las obligaciones de protección a la salud, al ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
“La contribución se causará en el momento en que las empresas públicas o privadas realicen emisiones a la atmósfera, aplicando la cuota impositiva o tarifa que a efecto señale la Ley de Ingresos del Estado. La cuota que deberá pagar el contribuyente será con base en las toneladas de gases emitidas o fracción de las mismas”.
Para tener control de las mismas, se implementará un libro de registro de emisiones de contaminantes, que será aplicado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la Secretaría de la Hacienda Pública en lo que resta del año, para que la contribución comience a generarse a partir del próximo ejercicio fiscal, en el año 2021.
