Con el ingreso de los gobiernos entrantes, se incrementarán las demandas, advirtió el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, Jorge Arana Arana, que recomendó que las administraciones salientes deben entregar a las entrantes renuncias firmadas por lo menos de jefes de departamento hacia arriba y evitar laudos millonarios.
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Informó que actualmente asciende a mil millones de pesos los pagos de laudos en los 125 municipios, anteriormente eran 5 mil millones de pesos, se dejaron de pagar 4 mil millones de pesos pero fue porque se llegó a una negociación, sí un laudo era de 700 mil pesos, se acordaba el pago de 350 mil pesos y la reinstalación del trabajador.
Su recomendación de que los gobiernos salientes presenten las renuncias del personal de confianza y que los entrantes les pidan a quienes llegan con ellos su renuncia en blanco para que cuando se vayan durante la administración o al terminar no interpongan demandas millonarias “no es oficial ni es por ley, es una práctica que da buenos resultados”.
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Es más ilegal lo que hacen “no es posible que funcionarios de alto nivel lleguen con el presidente municipal se vayan y demanden y que se les tenga que pagar una millonada, es ilegal y no es ético”.
El área jurídica de cada municipio debe ser especializada y no que al llegar el presidente municipal diga “voy a correr los que no son de mi partido, o de mi equipo y el problema viene 2 a 3 años después”.
Hay quienes tienen demandas de 2 a 3 millones de pesos pero para un municipio.
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El mes de agosto es el último mes que los municipios reciben sus participaciones y menos dinero tienen y los que van a entrar en octubre pagarán el aguinaldo y los 3 próximos meses, es el conflicto de las administraciones entrantes que no tienen dinero y entran prácticamente con las manos vacías.
A la Comisión de Gobernación que preside, dijo el legislador que en promedio llegan 25 a 30 solicitudes de suspensión de autoridades por la falta de pago de laudos. Actualmente tienen 600 procedimientos de laudos en la Comisión y se estima que dejarán a la siguiente Legislatura 400 procesos.
Recordó que sólo ha habido una suspensión en lo que va de esta legislatura que está vigente, del Síndico de Tomatlán que fue suspendido por el Pleno del Congreso del Estado, aunque indicó que extraoficialmente le comentaron que ya pagó, pero independientemente de que lo haya hecho en el proceso de la suspensión, tiene que pagar.
Citó el caso de los ayuntamientos donde “ no es posible que el Presidente Municipal de Puerto Vallarta por ejemplo tenga una demanda por 10 millones de pesos, ya abonó 6 , pero es un asunto que viene desde el 2004 y si no pagan se les suspende ni tienen los 10 millones de pesos y ni es su culpa, pero legalmente el es el responsable. La ley es injusta”.
También criticó el caso del Ayuntamiento de Tonalá, con el actual alcalde que despidió a trabajadores de cuando Arana fue presidente municipal de Tonalá y su argumento fue de que lo hizo para reducir nómina y por no contar con recursos, sin embargo contrató personal para ocupar esas plazas y el personal que despidió demandó y ganó por lo que se le debe pagar el laudo y la reinstalación en sus puestos que tenían, donde ya están otros empleados, “es un conflicto que tiene Tonalá e igual muchos municipios más”.
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