Luego de la denuncia que integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia realizaron en contra de trabajadores de gobierno de Jalisco por presuntamente estar entregando cheques para comprar el voto, autoridades estatales se deslindan de los señalamientos y afirman que la entrega es legal y que se realiza conforme a sus reglas de operación.
Además, en su comunicado de prensa indican que presentará una denuncia penal en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales en contra del Diputado Federal Salvador Caro, coordinador metropolitano de la campaña a la gubernatura de Morena, quien puede estar influyendo o coaccionando indebidamente a beneficiarios de programas sociales. Su presencia en las oficinas de gobierno no se justifica y podría generar presión indebida en los beneficiarios para votar a favor o en contra de un partido, lo cual sí constituye un delito electoral. Este programa nació en 2022 y su entrega es legítima y legal.
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En la información difundida por la Secretaría de Asistencia Social se indica que durante proceso electoral no se prohíbe la entrega de apoyos sociales, por lo que la distribución del recurso económico es totalmente legal, lo que no está permitido, es difundirlo o comunicarlo para inferir en la decisión de la ciudadanía al momento de ejercer su derecho a votar. (Art. 449 Ley general de instituciones y procedimientos electorales y Art. 452 Código electoral y participación ciudadana del estado de Jalisco).
El programa Acceso a Oportunidades de Desarrollo Social opera desde el año 2022 con el propósito de contribuir y garantizar los derechos sociales de las personas en condiciones de desigualdad; la ambición e inconsciencia de los argumentos infundados por ese grupo político atenta contra la atención integral a niñas, niños, adolescentes con cáncer y pacientes renales, entre otros grupos prioritarios con alguna necesidad urgente que atender y solventar.
Este programa indica en sus reglas de operación que para el ejercicio de este año, dispone de un presupuesto ya aprobado que está administrado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social; su entrega está dentro del plazo establecido, para asegurar la atención a las familias en condiciones extremas de vulnerabilidad y de acuerdo con sus necesidades, por lo que su distribución no puede esperar a que los asuntos políticos o burocráticos retarden su oportuna intervención, lo que pudiera comprometer su salud y poner en riesgo su vida.
Ninguna persona funcionaria de esta dependencia ha incurrido en algún delito y es totalmente falso que la entrega de este apoyo responda a un interés político.
El Gobierno de Jalisco reafirma que como parte del compromiso con las y los jaliscienses, todas las dependencias actúan en estricto apego a la legalidad y la transparencia.
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