/ sábado 23 de mayo de 2020

Solidaridad para la nueva normalidad

“Libertad y solidaridad son elementos esenciales del valor-fin-la persona- que deben ser respetados y promovidos en la actividad encaminada a establecer el orden que se requiere para realizar el proyecto que se estima valioso”

Carlos Castillo Peraza


La propuesta del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de que el INEGI tenga facultades de ingresar a los domicilios de las personas para medir su patrimonio, es criticable e inconstitucional. Aparte de desvirtuar la misión original del INEGI, que son las encuestas libres y voluntarias para servir de insumo a la toma de decisiones públicas, ni siquiera el mismo López Obrador la vio con buenos ojos. No tiene sentido por varias razones: la información del patrimonio de la gente ya obra en los registros de Hacienda y es auditable bajo ciertas razones justificables. Además, es impracticable.

¿Cómo vamos a medir el patrimonio de alguien ingresando a un domicilio? ¿Cómo tasará el encuestador el valor de un televisor usado, una bicicleta o unas joyas? En último lugar, es invasiva y vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ante semejante propuesta de tan baja calidad ¿qué podemos hacer realmente para medir y sobre todo, remediar la desigualdad en México?

México ha tenido desde hace tiempo a la mitad de su población en pobreza. El nuevo gobierno ha hecho algunos avances, en su mayoría simbólicos, por hacerle justicia a los marginados. Por ejemplo, combatiendo el prejuicio de los NINIs con las Becas ”Benito Juárez”. Sin embargo, la falta de garantías de que no se usen estos programas para fines electorales y censos de "bienestar" dudosos y poco transparentes, ponen en tela de juicio que vayamos a tener avances tangibles para combatir la desigualdad.

El más reciente reporte de CONEVAL acerca del efecto que tendrá la crisis del COVID-19 sobre los más pobres, señala que la pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020. La propuesta de Ramírez Cuéllar, hecha en aislamiento de su propio partido y bancada, es una ocurrencia que busca reflectores en medio de la pandemia. Lo que realmente hace falta es mejorar la política social y proteger el ingreso y el empleo de la gente.

Una verdadera visión de derechos humanos pasa por darle algo más que dinero a la gente: es darle capacidades y oportunidades para que crezcan. En realidad, mucho más se hace para avanzar cuando, por ejemplo, en conjunto con cámaras y empresarios, se acordó incrementar el salario mínimo. Seguir mejorando la legislación laboral también es un buen camino. En fin, los programas sociales pueden tener algún efecto pero no son la solución en sí misma.

Por lo tanto, queda claro que desde un enfoque de paz y derechos humanos, el camino correcto es que las transferencias de dinero estén vinculadas con mejoras escolares, como nos dejó claro el legado de Oportunidades de los gobiernos humanistas que tuvo México. No todo el pasado es oscuro como el presidente nos repite cada vez que puede en la mañanera. En un gesto de gobernanza y de hacer equipo por el país, valdría la pena retomar los debates, pero principalmente las reflexiones y acciones sobre la movilidad educativa que seguimos urgiendo los mexicanos.

Todos queremos un México más solidario y esta nueva normalidad, en este 2020 nos lo exige. Por eso, hay que pensar maneras sensatas, realistas y solidarias de combatir la desigualdad desde una visión de paz. El dinamismo noble, básico, creativo, incluyente, ordenado, generoso y fecundo de la vida social, es la solidaridad. La solidaridad es el principio de unidad, colaboración, ayuda y participación en las tareas necesarias para alcanzar los bienes comunes de cada comunidad, de la gran comunidad nacional y del Estado.

Coordinador de Análisis y Comunicación del PAN Jalisco

“Libertad y solidaridad son elementos esenciales del valor-fin-la persona- que deben ser respetados y promovidos en la actividad encaminada a establecer el orden que se requiere para realizar el proyecto que se estima valioso”

Carlos Castillo Peraza


La propuesta del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de que el INEGI tenga facultades de ingresar a los domicilios de las personas para medir su patrimonio, es criticable e inconstitucional. Aparte de desvirtuar la misión original del INEGI, que son las encuestas libres y voluntarias para servir de insumo a la toma de decisiones públicas, ni siquiera el mismo López Obrador la vio con buenos ojos. No tiene sentido por varias razones: la información del patrimonio de la gente ya obra en los registros de Hacienda y es auditable bajo ciertas razones justificables. Además, es impracticable.

¿Cómo vamos a medir el patrimonio de alguien ingresando a un domicilio? ¿Cómo tasará el encuestador el valor de un televisor usado, una bicicleta o unas joyas? En último lugar, es invasiva y vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Ante semejante propuesta de tan baja calidad ¿qué podemos hacer realmente para medir y sobre todo, remediar la desigualdad en México?

México ha tenido desde hace tiempo a la mitad de su población en pobreza. El nuevo gobierno ha hecho algunos avances, en su mayoría simbólicos, por hacerle justicia a los marginados. Por ejemplo, combatiendo el prejuicio de los NINIs con las Becas ”Benito Juárez”. Sin embargo, la falta de garantías de que no se usen estos programas para fines electorales y censos de "bienestar" dudosos y poco transparentes, ponen en tela de juicio que vayamos a tener avances tangibles para combatir la desigualdad.

El más reciente reporte de CONEVAL acerca del efecto que tendrá la crisis del COVID-19 sobre los más pobres, señala que la pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020. La propuesta de Ramírez Cuéllar, hecha en aislamiento de su propio partido y bancada, es una ocurrencia que busca reflectores en medio de la pandemia. Lo que realmente hace falta es mejorar la política social y proteger el ingreso y el empleo de la gente.

Una verdadera visión de derechos humanos pasa por darle algo más que dinero a la gente: es darle capacidades y oportunidades para que crezcan. En realidad, mucho más se hace para avanzar cuando, por ejemplo, en conjunto con cámaras y empresarios, se acordó incrementar el salario mínimo. Seguir mejorando la legislación laboral también es un buen camino. En fin, los programas sociales pueden tener algún efecto pero no son la solución en sí misma.

Por lo tanto, queda claro que desde un enfoque de paz y derechos humanos, el camino correcto es que las transferencias de dinero estén vinculadas con mejoras escolares, como nos dejó claro el legado de Oportunidades de los gobiernos humanistas que tuvo México. No todo el pasado es oscuro como el presidente nos repite cada vez que puede en la mañanera. En un gesto de gobernanza y de hacer equipo por el país, valdría la pena retomar los debates, pero principalmente las reflexiones y acciones sobre la movilidad educativa que seguimos urgiendo los mexicanos.

Todos queremos un México más solidario y esta nueva normalidad, en este 2020 nos lo exige. Por eso, hay que pensar maneras sensatas, realistas y solidarias de combatir la desigualdad desde una visión de paz. El dinamismo noble, básico, creativo, incluyente, ordenado, generoso y fecundo de la vida social, es la solidaridad. La solidaridad es el principio de unidad, colaboración, ayuda y participación en las tareas necesarias para alcanzar los bienes comunes de cada comunidad, de la gran comunidad nacional y del Estado.

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