El inicio de la demolición de 32 viviendas que fueron construidas con deficiencias técnicas en el fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo, será una página más de toda una historia de corrupción, tráfico de influencias y negligencia administrativa que han acompañado el dolor, la desesperación y la necesidad de las familias que fueron damnificadas por las tormentas Ingrid y Manuel en el 2013.
El Sol de Acapulco informó que persona de una empresa a la que contrató la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) inició los trabajos para la demolición de 32 viviendas que fueron construidas con deficiencia estructural y que nunca pudieron ser ocupadas por familias de damnificados a pesar de que en su momento se habían asignado a familias afectadas por las tormentas.
El proceso de corrupción y negligencia inició desde la adquisición del terreno, mismo que fue negociado por el entonces delegado de la Sedatu y hoy coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Héctor Vicario Castrejón, situación que le valió ser inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por un periodo de 10 años.
Vicario Castrejón habría negociado también con las empresas que desarrollaron las viviendas, y presentaron un modelo de construcción prefabricado, que se instaló sin cimientos, sólo unas planchas de concreto a ras de piso.
El modelo que se empleó en estas viviendas no fue el que se había anunciado inicialmente, pues el entonces secretario de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó un proyecto en el que cada vivienda sería individual, con dos recámaras y posibilidad de crecer a futuro, pero en el cambio se estableció un sistema de departamentos prefabricados.
Desde el inicio de la construcción hubo alertamiento por parte de Protección civil del estado sobre la composición del suelo arcilloso que se vuelve inestable con la humedad, situación que al tiempo vino a demostrar que el proceso constructivo no era el adecuado para este terreno, pues los deslizamientos que se presentaron ocasionaron que las viviendas se cuartearan.
De acuerdo con los reportes de la Sedatu, el costo de cada una de estas viviendas incluyendo el costo del terreno, y obras secundarias como la construcción de un puente que aún no funciona sobre la autopista del Sol, rebasa los 600 mil pesos, recursos que serían suficientes para construir más del triple de viviendas.
En este fraccionamiento inicialmente se contempló construir mil 100 viviendas, además de infraestructura urbana como escuelas, mercado y centro de salud, sin embargo, por las propias recomendaciones de Protección Civil los trabajos se detuvieron cuando tenían 598 casas, de estas 32 de la manzana 2b, no pudieron ser habitadas por los daños estructurales.
El resto de las viviendas están usadas, sin embargo, recurrentemente presentan fisuras, tiene filtraciones de agua en techos y paredes, además de asentamientos en los pisos, lo que hace pensar que tarde o temprano todas las viviendas sufrirán el mismo destino de la manzana 2B y tendrán que ser demolidas.
De acuerdo con la delegada de Sedatu, Alma Aurora Jiménez Sales, la sola demolición de estas viviendas tendrá un costo superior a los dos y medio millones de pesos, mientras que la reconstrucción costaría más de 6 y medio millones, pero la Sedatu no tiene contemplado volver a edificar estas viviendas debido a que no tiene padrón de familias en lista de espera.
Por las fallas constructivas, la Sedatu inició denuncias penales contra las empresas que participaron en ´la construcción de las viviendas como Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial, sin embargo estas empresas se declararon en quiebra para no tener que seguir dando el mantenimiento y corrigiendo las fallas que están presentando las viviendas, de tal modo que será hasta que exista una resolución judicial cuando se les obligue a resarcir los recursos que cobraron por la edificación de viviendas que no tiene las condiciones mínimas para ser habitadas.
