Cumple Tiburonario un año de total impunidad

A un año de la ruptura del acrílico, el caso está en manos de las autoridades judiciales, aseguró la síndico procuradora

Ana Lidia Avilés/El Sol de Mazatlán

  · jueves 1 de febrero de 2018

Tardaron ocho años en su construcción

Se cumplió un año de la ruptura de uno de los acrílicos del Tiburonario del Acuario Mazatlán, y no se ha resuelto este hecho, ya que ninguna instancia de gobierno lo ha solucionado, lo que ha afectado a empresarios que le entraron al proyecto y que ahora reportan pérdidas millonarias.

Lourdes Sarabia López, síndica procuradora, tajantemente respondió que la resolución del caso quedó cerrada por parte de la oficina que tiene bajo su responsabilidad y ahora depende de la Fiscalía General del estado concretar la investigación y determinar quiénes fueron los responsables de lo ocurrido.

 

Urgen regidores resultados

Ya es necesario que se lleve a cabo una verdadera investigación y que se dé a conocer el expediente del caso de la ruptura de uno de los acrílicos del Tiburonario; ya basta de impunidad, complicidad y burocracia política.

Coincidieron regidores de oposición Giova Camacho, Enrique Calderón y Antonio Crespo, porque a un año de la tragedia del Tiburonario aún no hay sanción para nadie y las autoridades siguen cómodas.

Giova Camacho, regidor del PAS, criticó que para las actuales administraciones de gobierno, estatal y municipal, no importan los 97 millones de pesos invertidos en la construcción del inmueble, ya que no hay un resultado todavía. Es obvio que están protegiendo a políticos corruptos.

“Creo que debe darse una seria investigación y si ya arrojó resultados que los den a conocer y tengan reservados esos expedientes, porque éste es uno de los 63 expedientes que están bajo reserva, además de que fue utilizado solo por cuestiones políticas e inhabilitar a dos exlacades panistas: Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González”, indicó.

Enrique Calderón, edil del PAN, recalcó que se muestra una total opacidad, por parte de la administración municipal, ya que no quieren tocar el tema de la infraestructura la cual está cerrada al público por el colapso que sufrió.

“Se está desviando a la cuestión política la solución que se está dando a este caso ya que tenemos un año de total impunidad, pero no solo de la ruptura del acrílico del Tiburonario sino en toda la administración municipal”, apuntó.

Antonio Crespo, regidor de Morena, insistió que ya es tiempo que la ciudadanía conozca que verdad de lo sucedido con el Tiburonario, ya que tiene un año que fue cerrado este lugar y se desconoce que ha pasado.

“Es tiempo que el expediente se dé a conocer a la ciudadanía porque no se pueden esconder los detalles y un juez dictamino que son situaciones que deben de salir a la luz pública que se den a conocer”, apuntó.

Agregaron que la Fiscalía General del Estado, continua con el proceso de la investigación, que esperan no sea una cuestión política, sino que el resultado sea creíble, y no se hayan tirado a la basura esos 97 millones de pesos que, según, costó la obra.

 

Reabrirán 63 expedientes

Serán abiertos, a petición y a la opinión de la ciudadanía, la información de los 63 temas o expedientes que fueron reservados por esta administración municipal, una vez que se determine si es conveniente o no, declaró el presidente municipal, Joel Bouciéguez Lizárraga.

Dijo que se reunió con el personal encargado de la comisión de Transparencia del Ayuntamiento de Mazatlán para revisar la información del porqué fueron reservados y ver la posibilidad de abrirlos a la ciudadanía.

“He pedido al personal encargado del área de Informática que me den un listado de lo que está bajo reserva y del porqué. Y la información que no tenga inconveniente lo vamos abrir porque tenemos que hacerlo. La ciudadanía necesita y requiere saber qué hacemos y qué tenemos”, apuntó.

Bouciéguez Lizárraga, agregó también que se reuniría con el tesorero, Ismael Barros, para revisar despachos que fueron contratados por la comuna para cobrar el impuesto predial a contribuyentes que están en morosidad y determinar si vale la pena o no continuar con sus servicios.

“Nosotros ya no tenemos injerencia, porque el Órgano de Control Interno ya no tiene nada que ver, porque terminó el proceso administrativo y la resolución pues es competencia de la Fiscalía General del Estado”, apuntó.

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