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Controversia por uso de armas en Sonora y Nuevo León

POR LEONARDO RODRÍGUEZ

Tras el abatimiento a balazos de dos presuntos delincuentes que amenazaron a agentes ministeriales en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se dio su autorización para el uso de las armas cuando sus oficiales se consideren amenazados.

“Al respecto, el fiscal general del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena, manifestó que no se tolerará en lo más mínimo a quienes desenfunden o amaguen con arma prohibida a los agentes ministeriales, por lo que éstos utilizarán su arma de cargo en legítima defensa”, dio a conocer la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en un comunicado.

Esto a raíz de dos hechos en los que presuntos macheteros amagaron con arma blanca a elementos de la AMIC y fueron abatidos: el primero el sábado en la invasión Tres Reynas y el segundo la tarde de este domingo en calles de la colonia Las Peredas.

El primero de estos incidentes ocurrió cerca de las 18:40 horas del sábado, momento en el que los oficiales localizaron a tres presuntos sobre un camino de terracería que conecta la colonia Villas del Sur con la Invasión Tres Reynas.

A decir de las autoridades, en ese lugar los elementos descendieron de sus vehículos para interpelar a los presuntos cuando uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma de fuego y la emprendió a tiros en su contra, mientras que sus acompañantes, armados con machetes, se abalanzaron también para agredir a los ministeriales.

Ante esta agresión, los investigadores se vieron en la necesidad de desenfundar sus armas de cargo, abatiendo en el enfrentamiento a uno de los agresores, lo que aprovechó uno de los macheteros y el portador del arma de fuego para escapar del sitio.

Neutralizada la amenaza, los agentes intentaron reanimar al herido, quien falleció en el lugar poco después del arribo de los paramédicos de Cruz Roja.

En el sitio, a disposición del personal de Servicios Periciales y Médicos Forenses, quedaron el cuerpo del presunto, un hombre de entre 30 a 35 años, rapado y vestido con pantalón de mezclilla azul, camisa negra y tenis cafés y junto a él un machete de aproximadamente 80 centímetros de largo.

El segundo hecho ocurrió poco después del mediodía de ayer, momento en el que agentes ministeriales realizaban investigaciones en las calles Gaspar Luken y Lázaro Mercado, en la colonia Floresta.

En este sitio, los agentes trataron de establecer contacto con un hombre de entre 30 a 40 años, mismo que vestía pantalón café, camiseta negra y zapatos cafés, que al ser interpelado por los efectivos sacó un machete y atacó a uno de ellos.

En su primer y único embate, logró golpear a uno de los ministeriales, por lo que de inmediato hicieron uso de las armas, abatiendo al individuo en la ubicación mencionada.

En ambos casos las identidades de los occisos fueron reservadas por parte de la autoridad.

POR DAVID CASAS

Corresponsal

La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) manifiesta su preocupación a diputados del Congreso local por la aprobación a las reformas al artículo 17 del Código Penal del Estado, con el fin de modificar los alcances del uso de la “legítima defensa” por parte de particulares.

“En Cadhac cuestionamos y consideramos alarmantes las reformas realizadas, ya que el uso de la violencia letal debe ser solamente válida para defender la vida o integridad de la persona ante un ataque, lo cual ya estaba anteriormente estipulado en el mismo”, dice un comunicado del organismo.

“Nos preocupa que las nuevas reformas al artículo pudieran interpretarse como un permiso para matar a cualquier persona que entre a un hogar o negocio, e incluso que se pueda utilizar como una excusa para delinquir. Es importante resaltar que los particulares no cuentan con la preparación necesaria sobre el uso adecuado de la fuerza, ni el entrenamiento para distinguir cuándo utilizar o dejar de utilizar un arma.

“Por otra parte, permitir el uso de armas en hogares podría aumentar el riesgo de incidentes que pongan en peligro la vida de terceros”, agrega.

Las modificaciones, dice, en vez de promover certeza jurídica, promoverían el uso de justicia por mano propia y el incremento de la violencia. Además, representan una amenaza hacia el concepto de presunción de inocencia, lo cual resulta contrario a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Este tipo de medidas, lejos de representar una solución integral ante los problemas actuales, demuestran incapacidad de las autoridades para cumplir con sus atribuciones, sobretodo en el combate contra la inseguridad.

La violencia o atentar contra la vida de una persona no es la solución para terminar con la delincuencia. Corresponde al Estado, autoridad e instituciones judiciales, asegurar la protección e impartición de justicia. Por lo que exhortamos a que las autoridades responsables cumplan con su responsabilidad de proteger la seguridad de los ciudadanos de la mejor manera posible, con total apego a la legalidad, y consecuentemente, respetando los derechos humanos”, destaca Cadhac.

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