Carmen Lara, tiene 63 años de edad y el pasado 9 de mayo cumplió 24 años, en el Reclusorio Femenil de Puente Grande, acusada del delito de secuestro, pero hasta el día de hoy no ha recibido sentencia.
Ella es una de las tres mil personas que se encuentran sin sentencia en proceso penal bajo el sistema de justicia tradicional, que dejó de operar en junio del 2016.
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Durante dos décadas, su expediente ha sido turnado a cinco diferentes juzgados y ningún juez ha resuelto su caso, a pesar de que otras cuatro personas detenidas junto con ella ya se encuentran en libertad.
“Todos ya se fueron, todos ya tuvieron sentencia y hasta beneficios, que yo si tuviera una sentencia a estas alturas del partido quizá ya me hubiera ido por un beneficio, porque ante la ley su primo delincuente, y por Ley se me otorga un beneficio, pero sin sentencia cómo obtengo un beneficio".
Para Carmen la negligencia de los jueces y la falta de recursos para contratar un abogado particular son las causas por las cuales su proceso sigue en el limbo.
“Desafortunadamente las negligencias de los juzgados del sistema anterior, para una audiencia tardan de 6 a 8 meses. Si falló algo te la posponen para otros 8 o 10 meses, que son parte de tu vida que estás perdiendo aquí".
De las 3 mil personas procesadas en Jalisco en el sistema de justicia tradicional que están a la espera de una sentencia, el 80% son hombres y 20%son mujeres.
En el caso de Carmen como otras mujeres privadas de su libertad que no han sido sentenciadas, no se juzga con perspectiva de género.
“Al autor material un secuestro le dan 25 años, y a la mujer que barría la casa qué hacía la comida que también cometió un delito pero no de la misma dimensión le dan 25 años”, señaló José Antonio Pérez Juárez, director de Prevención y Reinserción Social del Estado.
Datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana señalan que al corte de enero de 2022 en todo el país había 223,385 personas privadas de la libertad, de las cuales 93 mil 188 no tenían sentencia, es decir, el 41.7%.
El rezago de sentencias a personas privadas de la libertad que están bajo proceso penal en el sistema de justicia penal, genera sobrepoblación en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande.
Dicho Reclusorio tiene una capacidad instalada para 4,515 personas y cuenta con una población de 6 mil 355 internos, es decir, un sobrecupo de 40 por ciento, equivalente a 1,840 personas, que de acuerdo al director de Prevención y Readaptación Social ya no deberían estar en este reclusorio.
Reclusorio preventivo
*Capacidad instalada: 4,515 internos
*Población: 6,355 internos
*Sobrecupo: 1,840 internos (40% +)
“Estoy hablando de un derecho humano a una justicia. Estoy hablando que de acuerdo a la propia constitución miles de personas deberían tener la libertad anticipada, el hecho de que haya este rezago. Por ejemplo, en el Reclusorio Preventivo que al día de hoy tengo una sobrepoblación de 1800 internos. Si se cumplieran los principios constitucionales de la ley en la impartición de justicia, esos 1800 no estarían.
De acuerdo a Reinserción Social, de las 3 mil personas procesadas en el sistema de justicia tradicional en todo el estado que no han recibido sentencia, el 80 por ciento, es decir, cerca de 2,400, se encuentran en el Reclusorio Preventivo.
*Internos sin sentencia en Jalisco: 3 mil
*Internos sin sentencia en Reclusorio Preventivo: 2400 (80% de los 3 mil)
Para el Director de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, si los jueces abatieran este rezago de sentencias ayudaría a mejorar las condiciones de vida de los internos, habría menos conflictos y mejoraría el proceso de reinserción.
“Pero si esos juzgadores que no están cumpliendo ahora hacen su tarea debidamente, no tendríamos sobrepoblación y hacinamiento en ningún centro penitenciario de Jalisco, y las condiciones de trabajo educativas en salud, y de deportes serían mucho mejores y nos ayudarían a darle Jalisco lo que está haciendo Reinserción Social, no estamos reciclando criminales”.
Con la entrada del nuevo sistema de justicia en el 2016, de los 16 Juzgados Penales que existían, sólo quedaron seis, los 10 restantes fueron enviados al sistema de justicia acusatorio. Todos los expedientes de los juzgados se acumularon en los seis que quedaron operando.
Juzgados que operan en el Sistema de Justicia Tradicional
Segundo Penal
Quinto Penal
Séptimo Penal
Noveno Penal
Décimo Primero Penal
Décimo Cuarto
De los tres mil casos que están a la espera de una sentencia, la mayoría están relacionados con homicidios, secuestros, delitos contra la salud y robo calificado.
En los tres años de la presente administración la Dirección de Prevención y Reinserción Social ha emitido 14,500 libertades cumplimentadas, y solo 15 reincidencias, es decir una eficacia del 99.88%.
Libertades de diciembre del 2018 a marzo del 2022:
14,500 personas liberadas
Reincidencias: 15 personas (99.88%)
