Dos hombres fueron vinculados a proceso, después de que presuntamente participaron en la muerte de dos canes utilizando armas de fuego. Ambos enfrentan el delito de crueldad animal.
El primer caso ocurrió en Zapotlanejo el 29 de junio del año en curso, cuando un hombre junto con un amigo construía una cerca en su ranchería con el fin de evitar que se brincaran las vacas.
En un momento dado escuchó un disparo y corrió hacia la propiedad de su vecino identificado como Daniel N. y se percató que el sujeto había matado con un arma de fuego a su perro de nombre Oso.
Dicho sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público quien tomó conocimiento de los hechos e integró la carpeta de investigación para presentarlo ante un Juez de Control y Oralidad.
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Al analizar los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, decretó como legal la detención de Daniel N. y posteriormente ordenó vincularlo a proceso por el referido ilícito. Cabe señalar que el juzgador se negó a dictarle prisión preventiva como medida cautelar, esto a pesar de la petición del Ministerio Público quien le debatió el uso de un arma de fuego para concretar el delito por el cual se le vinculó.
Finalmente, el juez fijó medidas cautelares diversas como acudir a firmar cada mes a los juzgados orales, además de abstenerse de viajar al extranjero, esto por el lapso de 6 meses y como pago de la reparación del daño una multa económica.
El segundo caso sucedió en el municipio de Tlaquepaque, el 11 de agosto cuando una joven paseaba junto con su perro en el parque del coto donde habita, en un momento se descuidó y perdió de vista al can, pero escuchó un disparo y fue cuando se percató que un hombre de la tercera edad, presuntamente había herido de muerte a su mascota.
Fue así que Saúl N. de 74 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público quien integró la carpeta de investigación y presentó ante un juez de Control y Oralidad al adulto mayor. La autoridad judicial lo vinculó a proceso por el delito de crueldad animal, pero al contar con 70 años, el imputado tiene derecho al arresto domiciliario durante seis meses, lo cual fue ordenado por el juez.
El sujeto sólo podrá salir para citas médicas o trámites administrativos y también deberá pagar una suma económica por reparación del daño.
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