Con el cierre del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 de Occidente de Puente Grande, podría disminuir la violencia en Jalisco, ya que con la reubicación de los líderes delictivos que se encontraban ahí recluidos, también se van con ellos sus agrupaciones que peleaban el territorio, así lo considera el especialista en temas de seguridad de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso.
"Sí podríamos tener un descenso de la violencia e inseguridad en Jalisco al retirar a delincuentes de alta peligrosidad, porque se van a retirar ellos de aquí de Jalisco, pero también se van a retirar sus familiares, sus grupos que los apoyan que traen rivalidad y violencia y sí puede haber un descenso relativo. Lamentablemente no tan importante porque ya están muy arraigadas las células delictivas".
El académico también consideró que para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ello no representaría crecimiento, ya que actualmente domina la mayor parte del territorio jalisciense, la región Occidente y al menos en 26 entidades.
Por otra parte, estimó que uno de los factores que habría motivado la decisión del Gobierno Federal, de cerrar dicho reclusorio de máxima seguridad, fue debido a la falta de control sobre la población penitenciaria.
"Sí imperaba la ley del más fuerte, esto es los autogobiernos y estos comenzaron a robustecerse a nivel de que las autoridades estaban a la orden de la delincuencia organizada, a través los autogobiernos".
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Ello sin dejar de lado, que ese penal fue marcado por la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera: "Históricamente el ícono como se le acuñó en su momento como Puerta Grande por la fuga del 'Chapo Guzmán', nunca se pudo superar este grave problema de corrupción. Errores históricos que venía cargando este centro de reinserción social federal".
Jiménez Reynoso, quien también es doctor en Derecho y secretario de Seguridad de la UdeG, indicó que el sigilo con el que se tomó la decisión, evitó que se realizaran huelgas de hambre, flagelaciones, manifestaciones entre otros actos que habrían impedido tal determinación. Igualmente consideró que por ello no se le dio aviso al Ejecutivo Estatal, para que no existieran fugas de información respecto del plan de cierre.
