El traslado de 389 internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 de Occidente en Puente Grande, fue justificado por personal a cargo, con el argumento de que no se cuenta con la infraestructura, medicamentos y personal necesario para hacer frente a un posible brote de Covid-19.
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En un documento en poder de EL OCCIDENTAL con fecha del 25 de junio del año en curso, el encargado de la Dirección General del Cefereso, Luis Fernando Mendoza, así como el encargado de la dirección jurídica, el encargado de la dirección técnica, así como el director de seguridad y el del área administrativa, firmaron el documento en el que se le solicitaron a José Ángel Ávila Pérez, comisionado de prevención y readaptación social dicha reubicación.
"Solicito a usted autorice el traslado de 389 personas privadas de su libertad, que no presentan síntomas de contagio por Covid-19 a diverso Centro Federal, como una medida preventiva urgente a fin de salvaguardar su integridad física debido a que en este centro existen personas privadas de la libertad confirmadas y sospechosas de Coronavirus, Covid-19".
El personal firmante, aseguró que en caso de un brote no habría manera de darles la atención adecuada.
"Está latente el riesgo de mayores contagios y/o un brote ante el cual no se tendría el suficiente personal especializado, ni los insumos necesarios para enfrentarlo, por lo cual es necesario su movimiento a diverso Centro Federal que cuente con mejor infraestructura, personal y recursos humanos como materiales que permitan el adecuado manejo de la pandemia que se vive con lo cual se garanticen sus derechos humanos", se lee en el documento.
Hasta el día en que se elaboró la solicitud de traslado había contagiadas 23 personas privadas de la libertad, otros 24 sospechosos, 11 hospitalizados y cuatro decesos.
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En tanto que por parte del personal penitenciario había 48 confirmados, 18 sospechosos, ningún hospitalizado, ni fallecido.
Igualmente se detalla que en el área médica hay tres camas las cuales en ese momento se encontraban todas ocupadas. También se informa que hay siete médicos generales que cubren turnos de 24 por 48 horas, los cuales son insuficientes para dar atención ya que en caso de un brote tendrían que atender a 109 personas privadas de la libertad.
Con base en el documento, hasta antes del traslado había una población de 763 internos, por lo que con dicho movimiento de los 389 ese penal de máxima seguridad habría quedado al 49% y con sólo 374 reos.
La petición fue aceptada y se concretó cinco días después, es decir el 1 de julio alrededor de las 05:00 horas bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
Los internos considerados de alta peligrosidad fueron abordados en una flotilla de camiones de entre 15 y 20, los cuales llegaron a la Base Aérea Militar, en donde los casi 400 internos bordaron aviones de la Guardia Nacional para ser llevados a otros penales del país. I Román Ortega
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