La decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de destruir la caja del tráiler que llevó 273 cadáveres por los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco y Guadalajara, fue apetición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), de acuerdo con un documento que entregó el organismo a la Fiscalía con fecha del 22 de octubre de 2018.
En el documento en poder de EL OCCIDENTAL, se aprecia que se trata de una hoja membretada de la CEDHJ, la cual está sellada por ese organismo, así como de recibido por parte de la FGE el día 23 de octubre.
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Se lee en el escrito que "Se solicita como medida cautelar, bajo los principios de máxima protección a la salud, como derecho fundamental, conforme al artículo 4° Constitucional que se realicen los trámites administrativos y legales que sean procedentes, con la persona física o jurídica que resulte la propietaria, para que otorgue su consentimiento y se proceda a la destrucción de esa caja de refrigeración".
Además se pide la intervención de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal); y se dieron tres días para dar respuesta.
La misiva está dirigida a la fiscal general, Marisela Gómez Cobos; al presidente de la Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación que permita la Inhumación de Personas Fallecidas no Reclamadas y a Carlos Daniel Barba Rodríguez, titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
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También se señala que lo anterior es por el tiempo que se utilizó para el resguardo de cuerpos en avanzado estado de descomposición, y para evitar riesgo a la salud en caso de que se volviera a utilizar para transportar bienes perecederos.
El documento está firmado por Luis Arturo Jiménez, director de Quejas, Orientación y Seguimiento, de la CEDHJ.
La primera caja refrigeradora comenzó a ser destruida el pasado miércoles 24 de octubre, en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y los trabajos concluyeron este viernes.