/ lunes 8 de agosto de 2022

Aún recluidos siguen operando

Muchos sirven para esconderse o para obligar a internos a cometer actividades ilícitas

Los centros de rehabilitación, albergues o también conocidos como anexos que operan al margen de la ley, han crecido de forma desmedida en los últimos años en Jalisco y se han convertido en escenario de tortura, amenazas y hasta de asesinatos relacionados con el crimen organizado.

Precisamente, grupos de la delincuencia organizada aprovechan este tipo de lugares que operan fuera de ley para convertirlos en un caldo de cultivo: sitios para esconderse, utilizar a los internos para obligarlos a cometer actividades ilícitas como la venta de droga o hasta para adiestrar sicarios, ante la falta de revisiones por parte de las autoridades.

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“El control de algunos de estos espacios por parte del crimen organizado. La manipulación que hacen estos grupos delictivos para utilizar a estas personas para cometer ilícitos, entre ellos el sicariato, y también cuando cometen una ilicitud de esta naturaleza los utilizan, los drogan, les dan armas, cometen ilícitos y después son desaparecidos", señaló Alfonso Partida Cabellero, investigador e integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.

Foto. Román Ortega | El Occidental

De acuerdo al especialista y académico de la Universidad de Guadalajara son cerca de 10 mil personas en todo Jalisco, las que están recluidas en este tipo de lugares.

"10 mil persona s en el estado que se encuentran alrededor de estos centros de reclusión, en los cuales caben no solamente porque son enfermos sociales, y al estar enfermos también enferman a sus familias, también enferman a sus parejas e hijos".

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Por la cantidad de personas que están internadas en estos lugares, no deben desaparecer, pues no había espacios suficientes para atenderlos.

Por ello, los Gobiernos deben establecer estrategias para determinar cuáles son las características y requisitos que deben reunir estos centros, y sobre todo, con qué tipo de apoyos deben de contar, pero sobre todo con presupuesto para apoyarlos económicamente.

“En estos días comienzan las discusiones de los presupuestos en el Congreso del Estado y posteriormente en los ayuntamientos. Ahí es donde vamos a ver de qué están hechas, vamos a ver si hay voluntad política de estos gobernantes para darle solución o para tratar de darle un paliativo a estas circunstancias”.

Centros de rehabilitación

En Jalisco tienen identificados 390 centros de rehabilitación, de los cuales 131 tienen registro o están en proceso de obtenerlo ante el Consejo Estatal contra las Adicciones.

Del total, 85 establecimientos tienen registro estatal, 16 cuentan con registro federal y 30 están en proceso de obtenerlo.

“Los demás están detectados, sabemos dónde se encuentran, buscamos nosotros acercarnos para que puedan cumplir. Sí esos lugares han cometido algo no nos corresponde a nosotros. Son las autoridades judiciales las que tienen que actuar", explicó el secretario técnico del consejo, Pedro Briones Casillas.

Para tener el registro del consejo Estatal Contra las Adicciones, los establecimientos deben tener licencia municipal, un aviso de funcionamiento, un responsable sanitario y cumplir con un manual de procedimientos, entre otros aspectos.

Foto. Román Ortega | El Occidental

Testimonios

Lorena Camacho se enteró por redes sociales y medios de comunicación que el 22 de julio, una niña de 11 años había sido quemada en el albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza de Tonalá, en donde estaban internados su hijo y su sobrino, por lo que de inmediato acudió al lugar para buscarlos.

Ambos jóvenes eran obligados a trabajar en las calles para obtener recursos, “los empezaban a sacar, así como a trabajar en la calle, no sé qué, vendiendo”.

Otra mujer que llegó al sitio, y que pidió el anonimato, confirmó que los internos eran maltratados. Además de que los amenazaban con armas de fuego.

“Vinimos a traer la comida y estaba todo amarrado, ellos dijeron que era por ansiedad, porque como son drogadictos, que para que no se muerdan las uñas y estaba golpeado. Cuando lo sacamos pues ya él nos dijo que lo golpeaban y los amedrentaban con una pistola.

Los familiares de los internos indicaron que para dejar a sus seres queridos tenían que hacer un pago inicial de 2 mil pesos y 500 pesos por semana, además de insumos para limpieza y alimentos cada 15 días.

Los centros de rehabilitación, albergues o también conocidos como anexos que operan al margen de la ley, han crecido de forma desmedida en los últimos años en Jalisco y se han convertido en escenario de tortura, amenazas y hasta de asesinatos relacionados con el crimen organizado.

Precisamente, grupos de la delincuencia organizada aprovechan este tipo de lugares que operan fuera de ley para convertirlos en un caldo de cultivo: sitios para esconderse, utilizar a los internos para obligarlos a cometer actividades ilícitas como la venta de droga o hasta para adiestrar sicarios, ante la falta de revisiones por parte de las autoridades.

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“El control de algunos de estos espacios por parte del crimen organizado. La manipulación que hacen estos grupos delictivos para utilizar a estas personas para cometer ilícitos, entre ellos el sicariato, y también cuando cometen una ilicitud de esta naturaleza los utilizan, los drogan, les dan armas, cometen ilícitos y después son desaparecidos", señaló Alfonso Partida Cabellero, investigador e integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara.

Foto. Román Ortega | El Occidental

De acuerdo al especialista y académico de la Universidad de Guadalajara son cerca de 10 mil personas en todo Jalisco, las que están recluidas en este tipo de lugares.

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“En estos días comienzan las discusiones de los presupuestos en el Congreso del Estado y posteriormente en los ayuntamientos. Ahí es donde vamos a ver de qué están hechas, vamos a ver si hay voluntad política de estos gobernantes para darle solución o para tratar de darle un paliativo a estas circunstancias”.

Centros de rehabilitación

En Jalisco tienen identificados 390 centros de rehabilitación, de los cuales 131 tienen registro o están en proceso de obtenerlo ante el Consejo Estatal contra las Adicciones.

Del total, 85 establecimientos tienen registro estatal, 16 cuentan con registro federal y 30 están en proceso de obtenerlo.

“Los demás están detectados, sabemos dónde se encuentran, buscamos nosotros acercarnos para que puedan cumplir. Sí esos lugares han cometido algo no nos corresponde a nosotros. Son las autoridades judiciales las que tienen que actuar", explicó el secretario técnico del consejo, Pedro Briones Casillas.

Para tener el registro del consejo Estatal Contra las Adicciones, los establecimientos deben tener licencia municipal, un aviso de funcionamiento, un responsable sanitario y cumplir con un manual de procedimientos, entre otros aspectos.

Foto. Román Ortega | El Occidental

Testimonios

Lorena Camacho se enteró por redes sociales y medios de comunicación que el 22 de julio, una niña de 11 años había sido quemada en el albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza de Tonalá, en donde estaban internados su hijo y su sobrino, por lo que de inmediato acudió al lugar para buscarlos.

Ambos jóvenes eran obligados a trabajar en las calles para obtener recursos, “los empezaban a sacar, así como a trabajar en la calle, no sé qué, vendiendo”.

Otra mujer que llegó al sitio, y que pidió el anonimato, confirmó que los internos eran maltratados. Además de que los amenazaban con armas de fuego.

“Vinimos a traer la comida y estaba todo amarrado, ellos dijeron que era por ansiedad, porque como son drogadictos, que para que no se muerdan las uñas y estaba golpeado. Cuando lo sacamos pues ya él nos dijo que lo golpeaban y los amedrentaban con una pistola.

Los familiares de los internos indicaron que para dejar a sus seres queridos tenían que hacer un pago inicial de 2 mil pesos y 500 pesos por semana, además de insumos para limpieza y alimentos cada 15 días.

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