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En el limbo, la resolución para sancionar a Caracas

Sin lograr el consenso que todavía se busca, terminó el segundo día de la 47 Asamblea General de la OEA, en la que el choque entre quienes quieren una resolución humanitaria y los que la tachan de injerencista, se agudizó.

Anoche había negociaciones para presentar al pleno este día la propuesta que aún no termina de afinarse.

Bloque crítico emite carta de condena

Por redacción

Los gobiernos de México,  Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú publicaron una carta de condena  al gobierno de Nicolás Maduro por supuestamente interrumpir la democracia en su país. Y demandaron el cese de la violencia.

“Ante la interrupción del proceso democrático en la República Bolivariana de Venezuela consideramos que debe persistirse en una salida concertada”, dijo la carta en la que pidieron la liberación de los presos políticos y un alto a las detenciones arbitrarias.

En la carta, escrita tras el fracaso de las discusiones para emitir una resolución conjunta de la OEA sobre la crisis venezolana, el grupo de países pidió que se abra un canal humanitario para contribuir con alimentos y medicinas a paliar la emergencia que vive la nación sudamericana.

Además, los doce países llamaron a Maduro a abandonar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para cambiar la carta magna, una iniciativa que muchos ven como una forma de perpetuarse en el poder y calmar la agitación política.

Asamblea general de la OEA se convierte en campo de batalla

Por Rafael Martínez, corresponsal y Agencias

CANCÚN, Q. Roo.- La primera sesión plenaria de la 47 Asamblea General de la  Organización de Estados Americanos (OEA) se convirtió en un campo de batalla entre un grupo de países críticos del gobierno de Nicolás Maduro, liderado por México, y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

La ministra llevó a tal nivel la discusión que calificó como una “camada de perritos simpáticos para el imperio” a los países que impulsan una resolución conjunta de la OEA en un intento por distender la situación que vive el país sudamericano.

La ministra denunció que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, incita a una “guerra civil” por sus críticos comentarios y anunció que esta es la última participación de la nación sudamericana en una Asamblea General de este organismo.

La  discusión se tensó luego de que un bloque de países, entre estos México, publicó una carta con su condena al gobierno de Maduro.

Estados Unidos tendría que invadir militarmente a Venezuela si pretende imponer una eventual resolución de la OEA sobre la crisis política en la nación sudamericana, de donde obtendrían una respuesta contundente, advirtió Delcy Rodríguez ante el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan.

Sullivan lanzó un llamado a adoptar una resolución para ayudar agilizar una solución de la crisis en Venezuela, y apoyó la propuesta impulsada por México y que busca crear un “grupo de contacto” que acompañe un diálogo en Venezuela.

Rodríguez aseguró que la realidad es que Estados Unidos pretende la riqueza petrolera de su país, al igual que sus aliados / Foto: AFP

Rodríguez aseguró que la realidad es que Estados Unidos pretende la riqueza petrolera de su país, al igual que sus aliados / Foto: AFP

Recordó que las protestas en aquella nación contra el gobierno de Nicolás Maduro se han incrementado desde el 1 de abril, mismas que han arrojado un saldo de 74 muertos.

Rodríguez aseguró que la realidad es que Estados Unidos pretende la riqueza petrolera de su país, al igual que sus aliados. Y agregó: “en Venezuela,  no hay crisis humanitaria, ni hay presos políticos, lo que sí hay es gente violenta que cometió crímenes y debe ser sancionada”.

Durante el debate, la ministra calificó como una “camada de perritos simpáticos del imperio” a los países críticos de Caracas.

El canciller peruano Ricardo Luna fue el primero en referirse a la espinosa cuestión de Venezuela, sacudida desde el 1 de abril por protestas opositoras con un saldo de al menos 74 muertos, según cifras oficiales.

Luna llamó al gobierno de Nicolás Maduro a dar marcha atrás en su convocatoria a una Asamblea Constituyente porque estaría “creando un poder paralelo a los establecidos” por la constitución bolivariana, reclamó la liberación de presos políticos, poner fin a la represión de las manifestaciones, establecer un calendario electoral y atender la crisis humanitaria que aqueja al país.

Canadá respaldó el pronunciamiento de Perú al subrayar que el llamado a una Constituyente por parte de Maduro “degrada” los valores democráticos del país.

Destitución de fiscal agudizaría crisis institucional venezolana

La crisis institucional de Venezuela se profundizó ayer cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, inició una estrategia para destituir a la fiscal general; Luisa Ortega Díaz.

Lo que derivó en que el movimiento opositor denominado Mesa de Unidad Democrática (MUD), que arropa a la fiscal, informó que utilizará los mecanismos constitucionales a su alcance para sacar a Nicolás Maduro del poder.

El Tribunal Supremo de Justicia admitió ayer la solicitud presentada por el diputado chavista Pedro Carreño, de juicio contra la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega, opositora a Maduro, por la presunta comisión de “faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

La abogada de 59 años ha confrontado directamente a Maduro al rechazar tajantemente la Asamblea Constituyente que propone para modificar la Carta Magna de 1999, impulsada por el expresidente Hugo Chávez (fallecido en 2013), al considerar que violenta la democracia.

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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito (…) por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”, anunció la corte en una nota oficial.

El diputado oficialista Pedro Carreño interpuso el recurso el pasado jueves argumentando que la jefa del Ministerio Público “mintió” al asegurar que no había respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- que fueron designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista.

“Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa”, dijo Carreño.

De acuerdo con la ley, el TSJ puede declarar en Sala Plena si existe o no mérito para enjuiciar a los altos funcionarios, como la fiscal. El enjuiciamiento puede llevar a la remoción, que en el caso de la fiscal corresponde al Parlamento.

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